Cámara de Cuentas revela graves irregularidades financieras en Apordom durante gestión de Gómez Casanova (2016-2020)
Santo Domingo, 19 Feb. – La Cámara de Cuentas de la República Dominicana presentó los resultados de una auditoría especial practicada a la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), correspondiente al período 2016-2021, etapa en la que Víctor Gómez Casanova se desempeñó como director ejecutivo desde septiembre de 2016 hasta agosto de 2020.
El informe, contenido en un documento pericial de 456 páginas, identifica al menos 40 irregularidades financieras y administrativas que comprometen el manejo de cientos de millones de pesos en recursos públicos.
Entre los hallazgos más relevantes figura el pago de RD$51,047,482 a 42 personas registradas como asesores en la nómina institucional. Sin embargo, la auditoría determinó que no existe evidencia documental que respalde los procedimientos de selección ni los criterios utilizados para su contratación, lo que evidencia debilidades en los controles administrativos.
Asimismo, se detectaron pagos por concepto de jornales en los meses de marzo, mayo y junio de 2016 por un monto ascendente a RD$65,299,000 sin documentación justificativa suficiente. La Cámara de Cuentas consideró que esta situación refleja fallas graves en el sistema de control interno.
Otro hallazgo relevante fue la inclusión en nómina de 178 empleados que, aunque figuraban como trabajadores de Apordom, desempeñaban funciones en otras entidades estatales. Entre agosto de 2016 y agosto de 2020, los salarios y beneficios pagados a este personal alcanzaron RD$50,741,453.
En relación con el uso de tarjetas de crédito corporativas, se registraron consumos por RD$10,413,970 sin facturas ni comprobantes que justificaran los gastos. Estas tarjetas estuvieron asociadas a los exdirectores Mayobanex Escoto Vásquez y Víctor Gómez Casanova.
Las transacciones incluyeron pagos en hoteles, restaurantes, combustibles, farmacias, hospitales, clubes y diversos establecimientos comerciales. También se identificaron consumos en dólares por US$153,806, equivalentes a RD$7,475,910, igualmente sin documentación de respaldo.
La auditoría detectó además diferencias entre los montos reflejados en los estados bancarios y los estados de cuenta de las tarjetas de crédito por RD$2,635,257, inconsistencias que no fueron aclaradas durante el proceso de fiscalización.
En materia de compras y contrataciones, se reportaron adquisiciones de bienes, obras y servicios por RD$18,137,876 que no fueron incluidas en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), lo que podría constituir una violación a las disposiciones legales sobre planificación del gasto público.
El informe también señala que no fueron publicadas en el portal institucional las nóminas correspondientes al programa de pensiones ni los listados detallados de remuneraciones por servicios prestados durante el período auditado. Estas omisiones involucran un monto acumulado de RD$389,866,445, afectando los principios de transparencia y acceso a la información.
Entre otras irregularidades detectadas figura la desaparición de dos vehículos Hyundai Sonata modelo 2010 adquiridos durante el período fiscalizado, los cuales no fueron localizados ni cuentan con registro en la Dirección General de Impuestos Internos. También se identificaron nóminas electrónicas por RD$291,738,493 que no estaban registradas en el sistema institucional.
La Cámara de Cuentas documentó pagos a 22 empleados sin evidencia de contratos o nombramientos formales, así como cheques emitidos por más de RD$17 millones y sueldos fijos por más de RD$7 millones que fueron retirados por personas distintas a los beneficiarios sin constancia de autorización legal. Se reportaron además cheques endosados por empleados y personal externo por más de RD$14 millones.
En varios casos se detectaron pagos con firmas que no correspondían al destinatario o sin copia de cédula para validar la identidad del receptor. Finalmente, el órgano fiscalizador señaló que el control de asistencia correspondiente al período 2016-2021 fue entregado de manera incompleta, lo que impidió realizar un análisis adecuado del cumplimiento laboral.
