Cambio climático
Juan Temístocles Montás
En el marco de la Cumbre de Líderes previa a la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Max Puig, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono de la República Dominicana, declaró que el país había logrado una reducción del 11% de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con inversión nacional, y que con ello habría superado “en más del 50 %” la meta fijada para 2030, alcanzando dicho resultado en la mitad del tiempo previsto.
Sin embargo, al revisar las estimaciones internacionales sobre emisiones —como las que publica el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea a través de la base de datos EDGAR, y las de la Agencia Internacional de la Energía (AIE)—, el panorama resulta mucho más complejo y, en varios aspectos, exige una explicación detallada y transparente.
Según los datos de la base EDGAR, entre 2020 y 2024 las emisiones de GEI en la República Dominicana crecieron un 21.3%, pasando de 42.5 Mt CO2 eq. a 51.6 Mt CO2 eq., superando ampliamente el incremento del cuatrienio anterior, que fue de apenas 9.6%.
Por su parte, la AIE reporta que las emisiones de CO2 procedentes de fuentes energéticas aumentaron entre 18% y 20% en ese mismo periodo. Este incremento se explica, en gran medida, por el crecimiento del consumo energético total, que subió más de 22% entre 2020 y 2024.
Ello confirma que la tendencia dominante es de aumento, no de reducción, y que dos de las principales fuentes de emisiones son la generación eléctrica y el transporte. En el caso dominicano, el CO2 representa más del 66% del total de GEI.
La base de datos del Banco Mundial muestra que entre 2020 y 2023 las emisiones de CO2 (excluido el uso del suelo) pasaron de 26.9 Mt CO2 eq. a 31.4 Mt CO2 eq., lo que equivale a un crecimiento de 17%. Otra fuente, Climate Change Tracker, confirma que la serie histórica de emisiones nacionales de GEI no evidencia una tendencia descendente.
En conjunto, los datos disponibles indican que las emisiones reales observadas o estimadas del país no han mostrado una reducción; por el contrario, todas las fuentes independientes señalan un incremento, lo que contrasta abiertamente con el anuncio gubernamental de una “reducción del 11%”.
Dada la relevancia que tienen los resultados de los países en el cumplimiento de sus compromisos frente al cambio climático —tanto para la política climática nacional, como para el acceso al financiamiento internacional y la reputación soberana—, resulta pertinente que el Gobierno ofrezca explicaciones claras y documentadas sobre los siguientes aspectos:
• Publicación del inventario nacional más reciente, con desglose por gases (CO2, CH4, N2O y F-gases) y por sectores (energía, transporte, industria, uso del suelo, residuos), indicando el año base, horizonte temporal y metodología utilizada para calcular la supuesta “reducción del 11%”.
• Base de cálculo: ¿Respecto a qué año base y bajo qué escenario se midió esa reducción? ¿Qué cobertura de gases y sectores se incluyó? ¿Qué proyectos o inversiones nacionales sustentan dicha afirmación?
• Composición de la inversión: especificar cuánto de esa reducción corresponde a inversión nacional y cuánto a financiamiento externo o cooperación internacional, considerando que la meta incondicional establecida en la NDC era de 7% con recursos propios.
• Conciliación pública entre los datos oficiales y las estimaciones internacionales (EDGAR y AIE), explicando las diferencias metodológicas y los posibles desfases temporales.
• Calendario de actualización anual del inventario nacional, con verificación independiente o auditoría externa, de manera que las cifras puedan incorporarse de forma transparente en la formulación de la NDC 3.0.
Para asegurar la credibilidad climática de nuestro país, la veracidad del dato —una supuesta “reducción del 11%” de las emisiones— requiere transparencia, rigor metodológico y verificación independiente.
En un contexto mundial donde la exigencia por una acción climática efectiva se intensifica, y en una región caribeña particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático, el país no puede permitirse una brecha entre el discurso político y los hechos técnicos.
Por ello, instamos al señor Max Puig a presentar con rigor los fundamentos y las evidencias que respaldan su declaración, a fin de que nuestro país avance con credibilidad y coherencia hacia un desarrollo verdaderamente bajo en carbono y sostenible.
