Carta pública a los presidentes
Por JUAN LLADO
La acrimonia entre nuestros grandes líderes políticos ha disminuido mucho. Por los encuentros que se han visto en los últimos años entre el presidente actual y los expresidentes se podría alegar que existe entre ellos una convivencia política decente y civilizada. Eso hace posible aspirar a que, en un gesto de supremo patriotismo, ellos aúnen esfuerzos para enfrentar algunos problemas neurálgicos de nuestro desarrollo. Una contribución de alta nobleza sería derrumbar el muro de los intereses creados para viabilizar el pacto fiscal.
La Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 estableció la imperiosa necesidad de ese pacto. El Reglamento de esa ley (2016) consignó “la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal que establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento”.
Para lograr ese y los otros dos pactos pautados por la citada ley –eléctrico y educativo—se encargó al Consejo Económico y Social (CES) de las discusiones. Aunque los plazos de concreción de los dos últimos no se cumplieron, por lo menos se llegó a que estos se firmaran y a que produjeran algunos resultados positivos. Pero el CES nunca ha abordado el pacto fiscal y los gobiernos sucesivos (contando desde antes de esa legislación) han esquivado el bulto. Dado el tropel de voces que señalan su necesidad, se esperaba que el presente gobierno se abocara al mismo. Pero juntar esa tarea con la requerida por la pandemia lo hizo imposible y las autoridades negaron legitimidad a un borrador apócrifo del documento que circuló en las redes sociales.
Ya en el 2015 la prensa reportó que el actual ministro de Economía, Pavel Isa, señaló la urgencia del pacto fiscal. “Afirmó que se debe tener un sistema fiscal que genere en primer lugar ingresos suficientes, hacer el sistema tributario más progresivo, progresividad y transparencia del gasto público, compromiso social del gasto público y darle sostenibilidad a ese proceso. Dijo que es difícil, pero posible articular todos los conflictos de intereses que surgen cuando se habla de impuestos. Resaltó que la sociedad está desarticulada y el poder social es muy débil, y no puede ser así ya que la decisión caerá entre acuerdos entre el sector público y privado”.
El gran problema, sin embargo, es que la solución de los conflictos de intereses que implica una revisión del régimen fiscal también implicaría un gran “costo político”. No es solo que la elevación de impuestos resulta urticante para algunos segmentos del electorado, sino también que la necesaria reducción de la evasión y elusión fiscales, además de la reducción de los incentivos fiscales, son intervenciones que afectarían patrimonios y niveles de rentabilidad de muchos. Solo la incorporación de bienes exentos de impuestos en la canasta del ITBS podría significar un enorme costo político para quien lo proponga o lo consiga estatuir. El “costo político” es a lo que han huido los sucesivos gobiernos en las últimas décadas. Y por eso han optado por “reformas fiscales” que se limitan a ciertas medidas y no abordan la integralidad.
Conseguir un pacto fiscal que sea avalado por los cuatro presidentes (Hipólito, Danilo, Leonel, Luis) permitiría un gran salto de desarrollo para el país. Esto así porque 1) el resultante aumento de las recaudaciones haría posible reducir sustancialmente los intereses de la deuda externa, 2) se podría contar con recursos necesarios para abordar algunas esenciales tareas de desarrollo, y 3) se lograría una mejor distribución del ingreso en toda la sociedad. De ahí que la tarea de consensuar el pacto fiscal a ese nivel del liderazgo nacional sería una enorme y patriótica contribución al logro del bienestar colectivo. El hecho de que lográramos estatuir una nueva Constitución en el 2010 -resultado de una amplia consulta y discusión públicas- es una evidencia de que la solución propuesta a la ingrata tarea del pacto fiscal es posible. Al presidente Abinader le tocaría convocar a sus colegas para esos fines.
Visualizar este nivel de cooperación entre los presidentes mencionados no implicaría un daño al caudal de simpatías electorales ni a su hegemonía dentro de sus respectivos partidos. Si bien muchos podrán resentirse con las disposiciones del pacto así acordado, el manto de patriotismo que se le deberá imputar a los presidentes tenderá a callar las críticas y desbordes electoreros. Un proyecto de ley que emane del convite presidencial bajo la egida del CES tendrá que ser acogido por todas las bancadas del Congreso y nadie podrá hacerle oposición a su ejecución. Este nivel de concertación política, nunca ensayado en la historia nuestra, podría inclusive llevar a otras realizaciones trascendentes de los presidentes.
Por supuesto, la elaboración del documento correspondiente no será responsabilidad directa de los presidentes involucrados. Tampoco lo sería de los partidos respectivos. Surgen dos metodologías alternativas para realizar la tarea sin que ellos tengan que hacer el trabajo de elaboración. La primera sería la de tomar el borrador apócrifo del 2021 y someterlo a las fauces técnicas de cada partido para que produzcan sus comentarios y sugerencias. Luego dos negociadores designados por cada presidente discutirían, en el seno del CES, hasta llegar a un consenso. La segunda alternativa es pedirles a las agencias multilaterales (BID, Banco Mundial, PNUD, Fondo Monetario) ofrecer sus sugerencias. Estas serían consensuadas mediante la fórmula anterior.
El resultado del pacto acordado se daría a conocer a más tardar en el mes de julio del cursante año. De esta manera el candidato o partido ganador de las elecciones del 2024 no consumiría la buena voluntad expresada en las urnas cuando despegue su gestión y tendría más flexibilidad para emprender la ejecución de su programa de gobierno. Asimismo, se acordará que la ejecución del pacto no comenzaría hasta el 2025, dándole tiempo así a los agentes económicos para prepararse. Sería el Presupuesto del Estado de ese año el que estaría aplicando las medidas a tomar.
Acuñar el pacto fiscal en este año tiene la ventaja adicional de resolver ese engorroso problema antes de la campaña del próximo año. Sería una forma de evitar que contribuyentes plutocráticos a la campaña electoral comprometan la voluntad de los elegidos en las urnas respecto al régimen impositivo. También podría aminorar la agrura de los debates, elevándolos a un plano de civilidad y conceptualización adecuados. Pero tal vez lo más trascendente de lograrse lo aquí propuesto sería que se sienta un precedente que podría repercutir en la solución de otros grandes problemas nacionales, tal y como sería la migración ilegal y la dolarización de la economía.
El “Diálogo por las Reformas” convocado por el presidente Abinader a raíz de su toma de posesión incluyó 16 temas y uno de ellos fue el fiscal. Aunque solo 7 de las mesas de discusión han terminado sus jornadas exitosamente, este “diálogo” es una muestra fehaciente de que tenemos ya la madurez política suficiente para avanzar nuestro desarrollo mediante el consenso, evitando las diatribas y las bajezas políticas. Ahora falta que nuestros líderes políticos comiencen a resolver los grandes obstáculos del desarrollo nacional y la iniciativa aquí propuesta bendeciría a las grandes mayorías nacionales. Cuando anunció la entrada de los EEUU a la Segunda Guerra Mundial Franklin Delano Roosevelt dijo: “La única cosa que debemos temer es al temor mismo”.
