Caso Calamar: Ministerio Público sostiene que exfuncionarios montaron red de corrupción desde el poder para desviar más de RD$19 mil millones
Santo Domingo, 28 marzo.— El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que el expediente del denominado caso Calamar revela la existencia de una estructura de corrupción administrativa que operó desde las más altas esferas del poder, integrada por exfuncionarios que, según el órgano acusador, se confabularon para sustraer más de RD$19 mil millones del erario.
Al ofrecer declaraciones durante la fase final de la audiencia preliminar que se conoce en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Camacho sostuvo que los principales imputados —los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo— habrían utilizado sus posiciones dentro del Estado para articular un entramado que permitió el desvío de recursos públicos a gran escala.
“El caso devela cómo funcionarios influyentes se asociaron para, aprovechando su poder dentro de las entrañas del Estado, sustraer miles de millones de pesos que pertenecen a todos los contribuyentes”, expresó el procurador adjunto.
De acuerdo con el Ministerio Público, una parte significativa de los fondos desviados se originó en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos, procesos que, según la acusación, fueron manipulados para beneficiar a particulares mediante reclamaciones infladas o inexistentes.
Solo por este concepto, indicó Camacho, se habrían sustraído más de RD$19 mil millones, recursos que pudieron destinarse a áreas prioritarias como la salud, especialmente en momentos críticos como la pandemia del Covid-19.
El funcionario también explicó que la presunta red operaba a través de múltiples mecanismos, incluyendo el pago irregular de deudas desde distintas instituciones del Estado y la implementación de un esquema de sobornos vinculado a la regulación de los juegos de azar, un sector que, conforme al marco legal, debe estar bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda.
Uno de los elementos que más llamó la atención del Ministerio Público, según Camacho, fue la magnitud de las operaciones financieras involucradas.
En ese sentido, relató que dentro del esquema se registraron situaciones “inverosímiles”, como el hecho de que personas sin perfil financiero acorde, incluso vinculadas a entidades castrenses, pudieran retirar sumas de hasta RD$1,000 millones en efectivo del sistema financiero.
Asimismo, el órgano acusador sostiene que la estructura se quedaba con hasta el 70% de los montos que alegadamente eran pagados a terceros por concepto de expropiaciones, muchos de los cuales habrían sido incentivados por los propios funcionarios para presentar reclamaciones contra el Estado.
Camacho destacó que el expediente cuenta con un volumen significativo de pruebas, incluyendo 1,278 medios probatorios, lo que, a su juicio, demuestra la solidez de la acusación y sustenta la solicitud de apertura a juicio.
“Estamos ante un proceso sobreprobado, en el que toda la sociedad espera que se castigue la corrupción sin que haya espacio para la impunidad”, indicó.
En ese sentido, el Ministerio Público solicitó formalmente al tribunal que todos los imputados sean enviados a juicio de fondo, al considerar que existen elementos suficientes para sustentar las acusaciones.
El caso Calamar se originó a partir de la Operación Calamar, mediante la cual fueron arrestados los implicados, señalados de integrar una red que, además de desviar fondos públicos, habría utilizado parte de esos recursos para financiar actividades políticas, incluyendo la campaña electoral del año 2020.
Además de Guerrero, Peralta y Castillo, el expediente incluye a otros exfuncionarios, entre ellos Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. También figuran los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Durante la audiencia preliminar, las defensas de los imputados han solicitado que se dicte auto de no ha lugar, alegando insuficiencia de pruebas para sustentar las acusaciones. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que los argumentos de la defensa carecen de consistencia.
En ese contexto, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la procuradora de corte Mirna Ortiz, afirmó que los imputados no han logrado refutar la evidencia presentada por el órgano acusador.
“Las defensas continúan yéndose por las ramas, negando aspectos que son claros y evidentes, incluso contradiciéndose entre ellas mismas”, expresó Ortiz al ser abordada por periodistas.
La representante del Ministerio Público explicó que el proceso se encuentra en su fase final y que, de mantenerse el cronograma establecido, el tribunal concluiría la recepción de argumentos para luego retirarse a deliberar.
“Estamos en la etapa final. Todo apunta a que el tribunal se retirará a ponderar la decisión, que esperamos sea un auto de apertura a juicio, que es la única salida posible para evitar la impunidad”, señaló.
El equipo litigante del Ministerio Público en esta fase del proceso ha estado encabezado por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, junto a los fiscales Melbin Romero, Rosa Ysabel, Jhensy Víctor y Rosa Alba García, quienes han presentado los argumentos y pruebas que sustentan la acusación.
Por su parte, la jueza Altagracia Ramírez fijó nuevas audiencias para continuar con el conocimiento del proceso, en el que se decidirá si los imputados deberán enfrentar un juicio de fondo.
