Caso Stephora Joseph: Irregularidades, omisiones y una investigación cuestionada

Santo Domingo, 11 de diciembre. – La muerte de Stephora Anne-Mircie Joseph, una menor fallecida el pasado 14 de noviembre en circunstancias no del todo esclarecidas, ha generado una ola de cuestionamientos hacia el Ministerio Público y la forma en que ha manejado las evidencias clave del caso.

La entrega y posterior manipulación de un DVR con imágenes de cámaras de seguridad, así como el trato recibido por la familia de la víctima por parte de fiscales, son algunos de los puntos más críticos que han salido a la luz, de acuerdo a una nota que publica en esta fecha el periodico Listín Diario.

De acuerdo con el acta de entrega voluntaria presentada por el Ministerio Público el 14 de noviembre a las 12:20 p.m., dos horas antes del levantamiento del cadáver, Ramón Domingo Tejada entregó un DVR de 22 canales al segundo teniente Rodríguez Almonte.

Este DVR, según el administrador de la Hacienda Los Caballos, citado por el referido diario, también fue recibido por la magistrada Cristina Ramírez y el general Juan Bautista Jiménez, director regional Cibao Central de la Policía Nacional. Sin embargo, a pesar de contener múltiples grabaciones, solo se extrajeron tres cortes de video.

El pasado jueves 4 de diciembre, el Ministerio Público notificó a los abogados de la familia de Stephora que únicamente existen dos videos disponibles. El tercero, mencionado en el acta de entrega, no ha sido localizado ni entregado a los familiares. La falta de transparencia en este punto ha generado profundas dudas sobre el manejo del caso.

Aún más desconcertante es que el DVR fue devuelto a la hacienda antes de concluir la investigación. El magistrado Wilson Camacho realizó una inspección en el lugar donde se encontraba el dispositivo, lo que plantea una interrogante fundamental: ¿Por qué se regresó una pieza clave de evidencia sin agotar las pesquisas?

La madre de Stephora, Lovelie Ralphael Joseph, ha denunciado públicamente la actitud negligente de la magistrada Cristina Ramírez, fiscal del Departamento de Homicidios.

Según su testimonio, intentó presentar la denuncia el lunes posterior al hecho, pero fue rechazada y citada para el viernes, día en que nuevamente no fue atendida. “Yo fui el lunes a la fiscalía, ella me dijo vuelve el viernes, yo volví y aún nada”, declaró con indignación.

Este no es el primer caso en que Ramírez ha sido señalada por desaparición de evidencias. Familiares de Vladi Valerio, un peluquero asesinado junto a otras cinco personas en La Barranquita por agentes policiales, también la acusan de haberse llevado videos que nunca reaparecieron.

A pesar de estas serias acusaciones, no se ha dispuesto ninguna medida disciplinaria contra ella por parte del Ministerio Público.

En medio de este contexto de irregularidades, la magistrada Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), expresó el descontento del Ministerio Público con la decisión judicial emitida recientemente contra cuatro imputados por la muerte de Stephora.

Anunció que se presentará un recurso de apelación, ya que consideran que las medidas coercitivas impuestas no son proporcionales a la gravedad del caso.

El tribunal dictó garantía económica de 500 mil pesos y presentación periódica a tres de las imputadas: Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del colegio Leonardo Da Vinci; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

En cambio, Gisela González, coordinadora general del centro educativo, fue liberada sin cargos, al no encontrarse pruebas que la vincularan directamente con los hechos.

La defensa de González, encabezada por la abogada María del Pilar Zuleta, argumentó que la educadora ni siquiera se encontraba en la hacienda al momento del fallecimiento, y presentó arraigos suficientes para evitar cualquier medida coercitiva.

Por su parte, los abogados de la familia Joseph mostraron su inconformidad con la decisión judicial, aunque la respetan. Consideran que los verdaderos responsables no fueron incluidos por el Ministerio Público en la solicitud de coerción, lo que limitó el alcance de la justicia en esta etapa del proceso.

Cabe recordar que la primera audiencia del caso, pautada para el martes 9 de diciembre, fue aplazada a solicitud de la defensa de la víctima, con el objetivo de completar la entrega de documentos esenciales.

También se buscó garantizar la notificación formal a la madre de Stephora, y permitir a los abogados revisar el expediente, el cual les fue entregado el lunes 8 a última hora.

El Ministerio Público ha calificado los hechos como homicidio involuntario y negligencia, y sostiene su compromiso de llevar a cabo una investigación seria y con consecuencias legales ejemplares. “Estamos enfocados en que los responsables de este homicidio involuntario reciban una sanción responsable y contundente”, reiteró la magistrada Diná Llaverías.

Sin embargo, los hechos narrados por la familia y las lagunas en el manejo de las evidencias ponen en tela de juicio la eficacia y transparencia del proceso judicial. A medida que el caso avanza, crece la presión social para que se esclarezca lo ocurrido y se sancione con rigor a quienes resulten responsables de la trágica muerte de Stephora Joseph.