César “el Abusador” demanda por $7 millones al gobierno de EE.UU. y a prisión federal en Puerto Rico por negligencia médica

Por la Redacción

San Juan, Puerto Rico, 20 de mayo de 2025 — El conocido presunto narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, mejor conocido como “el Abusador”, ha entablado una demanda millonaria contra el gobierno federal de los Estados Unidos y el Centro Metropolitano de Detención (MDC, por sus siglas en inglés), ubicado en Guaynabo, Puerto Rico.

La acción legal, de carácter civil, exige una compensación económica por un monto total de siete millones de dólares, bajo la alegación de que se le ha negado tratamiento médico adecuado durante su detención, en violación a derechos constitucionales fundamentales.

De acuerdo con la información publicada por el periódico El Nuevo Día, de San Juan, Puerto Rico, Peralta radicó esta demanda señalando específicamente al exalcaide del MDC y a varios oficiales correccionales por presunta indiferencia deliberada hacia sus condiciones médicas, y por obstruir el proceso administrativo necesario para atender sus quejas.

La demanda, aún bajo sello judicial, sostiene que su situación médica ha sido ignorada por el personal penitenciario desde su llegada al centro correccional tras su extradición en diciembre de 2021.

César Peralta fue arrestado en Colombia en agosto de 2019, en una operación conjunta entre autoridades colombianas y agencias estadounidenses, tras una intensa búsqueda internacional.

Fue extraditado dos años después a Puerto Rico, donde permanece bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BoP). La investigación que condujo a su captura comenzó formalmente en 2018 por parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), y culminó en un pliego acusatorio emitido por un gran jurado federal en Florida en 2019. Posteriormente, los cargos fueron transferidos al Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico en San Juan.

Peralta es acusado de liderar una compleja y poderosa organización de narcotráfico transnacional con operaciones en toda la región del Caribe desde finales de la década de 1990. Su estructura criminal, según las autoridades, se especializaba en el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, y en el blanqueo masivo de capitales provenientes de la venta de drogas.

Clasificación como amenaza prioritaria

En el año 2017, el gobierno de Estados Unidos clasificó a César Emilio Peralta como un Objetivo Organizacional Prioritario (CPOT, por sus siglas en inglés), una designación reservada para los principales narcotraficantes del hemisferio occidental.

Héctor Ramírez Carbó, subjefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, lo describió como una figura criminal del mismo calibre que Joaquín «El Chapo» Guzmán. “Es el único CPOT registrado en el Caribe, lo que significa que encabezaba una de las redes de tráfico y lavado de dinero más prolíficas e influyentes que operaban con impacto directo en el suministro de drogas a Estados Unidos”, declaró Ramírez Carbó en declaraciones anteriores citadas por El Nuevo Día.

Procesos legales y admisión de culpabilidad

En noviembre de 2022, Peralta se declaró culpable de varios cargos federales relacionados con conspiración para importar cocaína y conocimiento sobre la importación ilegal de drogas a territorio estadounidense.

A pesar de esta admisión, la vista de sentencia ha sido pospuesta en varias ocasiones, siendo la más reciente en el año 2024, bajo circunstancias que permanecen en secreto judicial. Las mociones que han provocado estos aplazamientos siguen selladas, pero títulos revelados sugieren disputas legales relacionadas con el descubrimiento de evidencia.

Desde su ingreso en el MDC Guaynabo, Peralta ha afirmado padecer múltiples afecciones médicas para las que no ha recibido atención adecuada. En su declaración de culpabilidad, hizo hincapié ante el juez federal Pedro Delgado en que la administración del centro penitenciario había ignorado sus problemas de salud. Esta denuncia fue reiterada a finales de 2024, y pronto se tradujo en la mencionada demanda civil de $7 millones.

El objetivo principal de esta acción legal es lograr una compensación por presuntas violaciones a la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual prohíbe castigos crueles e inusuales. Asimismo, Peralta exige que se le brinde atención médica “inmediata y adecuada” y que se emitan interdictos preliminares para que se garantice su tratamiento de forma urgente.

La jueza Camille Vélez Rivé, encargada de analizar la solicitud de interdicto preliminar, rechazó la petición de urgencia. En su opinión, destacó que la demanda fue presentada sin pruebas sustanciales que respaldaran las alegaciones, limitándose a planteamientos generales del abogado de Peralta. A su vez, los acusados —funcionarios del MDC— presentaron una declaración jurada que indica que Peralta no completó el procedimiento interno necesario para elevar sus quejas médicas.

Vélez Rivé puntualizó que el demandante no proporcionó detalles concretos sobre qué funcionarios ignoraron sus peticiones ni qué tipo de tratamiento se le negó exactamente. Según su análisis, el Tribunal no puede establecer claramente quiénes serían responsables de obstrucción médica ni en qué consistieron dichas acciones. También recalcó que Peralta no presentó precedentes legales que lo eximan de cumplir con los trámites administrativos previos a una demanda civil.

Luego de este revés judicial, la defensa de Peralta presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, con el objetivo de revertir la negativa al interdicto preliminar. El tribunal ha dado plazo hasta el 27 de mayo de 2025 para que los demandados presenten sus argumentos y defensas en respuesta.