Circular del MAP sobre pagos de servicios viola derecho a la intimidad, advierten abogados constitucionalistas

Santo Domingo, 31 de octubre – Expertos en derecho constitucional advirtieron que la reciente circular emitida por el Ministerio de Administración Pública (MAP), en la que se instruye un levantamiento sobre el cumplimiento de pago de servicios de electricidad y agua por parte de empleados gubernamentales, carece de sustento legal y representa una violación al derecho a la intimidad establecido en el artículo 44 de la Constitución dominicana.

Juan Castillo Pantaleón, abogado constitucionalista, explicó que ni la Ley Orgánica de Administración Pública No. 247-12 ni la Ley de Función Pública No. 41-08 contemplan entre las responsabilidades de los servidores públicos la obligación de informar a sus superiores sobre el pago de sus servicios personales.

En este sentido, indicó que los deberes de los empleados públicos están limitados a aquellos aspectos relacionados estrictamente con sus funciones, y enfatizó que “el pago de servicios como la electricidad y el agua en el ámbito privado no es una obligación que deba figurar entre los compromisos de los servidores públicos”.

“El único marco que puede establecer obligaciones para los servidores públicos es el relacionado con el ejercicio de sus funciones, y estas están definidas en la Ley de Función Pública. Que una persona pague o no su factura de luz es un asunto estrictamente privado y no afecta el desempeño de su función pública”, puntualizó Castillo Pantaleón.

Cirilo Guzmán, también experto en derecho constitucional, manifestó que la circular constituye una extralimitación de las atribuciones del MAP y sugirió que, si el objetivo es promover el pago de los servicios básicos entre empleados públicos, son las empresas distribuidoras las que cuentan con los mecanismos necesarios para hacer cumplir estas obligaciones, bien sea mediante el cobro efectivo o la suspensión del servicio en caso de morosidad.

“Aunque sean empleados del Estado, ellos tienen derecho a la privacidad y no están obligados a compartir este tipo de información personal, salvo en casos excepcionales, como cuando una institución ofrece préstamos para cubrir estos gastos.

En una situación ordinaria, el Estado no tiene derecho a intervenir en esos asuntos privados. Si una persona no paga la luz, la empresa puede proceder a cortarla sin intervención estatal”, señaló Guzmán, quien subrayó el derecho a la intimidad como un aspecto que limita la injerencia en la vida privada de los individuos.

Castillo Pantaleón cuestionó también la falta de claridad en la circular respecto al manejo de los datos que se pretende recolectar. En su opinión, cualquier información de este tipo solo podría ser ofrecida voluntariamente por los empleados, puesto que ninguna normativa vigente los obliga a revelar estos detalles personales. “Debería ser opcional y no imponer la recopilación de datos que pertenecen a la vida privada de cada servidor”, agregó.

La circular emitida por el MAP instruye a las áreas de recursos humanos de las instituciones gubernamentales a recopilar, en un plazo de 15 días laborales, información sobre el estatus de contrato y pago de los servicios de electricidad y agua de los empleados. De no estar los contratos a nombre del empleado, se deberá identificar al familiar responsable del pago.

Según el MAP, la medida busca “mejorar la calidad de los servicios públicos y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes”, en particular mediante la actualización de sus bases de datos para detectar posibles incumplimientos en los pagos de estos servicios básicos.

No obstante, los especialistas señalan que esta medida carece de un respaldo jurídico que permita justificar la intervención del Estado en aspectos personales de los servidores, lo cual podría abrir una brecha para futuras violaciones al derecho de la privacidad, sentando un precedente preocupante en la administración pública dominicana.

MAP instruye a instituciones públicas a verificar pagos de servicios básicos de empleados

El Ministerio de Administración Pública (MAP) emitió una circular instruyendo a los organismos gubernamentales a recolectar información sobre el cumplimiento de pago de servicios básicos, como electricidad y agua potable, por parte de los empleados del Estado.

Esta directriz establece un plazo de 15 días laborales para que las direcciones de recursos humanos de cada institución pública recopilen y presenten estos datos.

La circular detalla que, en caso de que el contrato de servicios de electricidad o agua no esté a nombre del empleado, se deberá identificar a un familiar responsable de dicho pago.

Esta medida, según el MAP, busca fortalecer la calidad en los servicios públicos y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes, con el propósito de actualizar las bases de datos de la institución y detectar posibles casos de incumplimiento en el pago de estos servicios.

En un comunicado de prensa, el MAP especificó que dicha actualización de datos contribuirá a la eficiencia administrativa al disponer de un registro más preciso del estado de cumplimiento de los empleados en sus obligaciones de pago de servicios esenciales.

Según la circular, firmada por el ministro del MAP, Sigmund Freund, “es importante que cada empleado presente las facturas correspondientes, ya que esto permitirá llevar un registro más preciso y facilitará la gestión administrativa”.

El documento está dirigido a altos funcionarios de distintas entidades, incluyendo ministros, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el contralor general de la República, así como directores y administradores de órganos y entes del Poder Ejecutivo, quienes deberán asegurar el cumplimiento de esta disposición en sus respectivas dependencias.