Clamor por la pasión de Haití
Juan Temístocles Montás
Haití está viviendo los momentos más dramáticos de su historia contemporánea. El país está inmerso en una situación de violencia generalizada, las instituciones han colapsado y, ante la imposibilidad del Estado de ejercer funciones básicas, bandas armadas han tomado el control territorial. Haití es a todas luces un Estado fallido, fracasado.
Las autoridades haitianas han perdido el monopolio del uso de la fuerza, son incapaces de garantizar servicios públicos básicos y el gobierno adolece de legitimidad. Los hospitales han cerrado, las escuelas han sido ocupadas por bandas y la producción agrícola ha caído dramáticamente por la inseguridad en zonas rurales.
Según Naciones Unidas, más del 80 % de la capital, Puerto Príncipe, está bajo control de grupos armados, organizaciones criminales que han aprovechado el vacío de poder para implantar un estado de terror. El control territorial está repartido entre más de 200 bandas armadas, que imponen su propia ley mediante secuestros, asesinatos, extorsiones y bloqueos.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indica que más de un millón de personas han sido desplazadas internamente debido a la violencia de las pandillas y el colapso de los servicios esenciales. La entidad estima que más de la mitad son niños y niñas, lo que expresa la profunda crisis humanitaria en el país.
Haití está posicionado entre los países más afectados por el hambre a nivel mundial. Aproximadamente la mitad de la población enfrenta inseguridad alimentaria aguda. Dos millones de personas viven en situación de emergencia alimentaria, enfrentando escasez extrema de alimentos y desnutrición aguda.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Haití. Entre 2015 y 2024 el balance comercial entre los dos países ha sido ampliamente favorable a Estados Unidos (US$3,490.7 millones es esos años). Principalmente, el país importa combustibles y alimentos y exporta a textiles y vestimenta producidos mayoritariamente en zonas francas, así como bebidas alcohólicas y algunos productos agrícolas como aceites esenciales.
Es notoria la asimetría en la relación comercial entre Haití y Estados Unidos, como se aprecia en el balance comercial. En este contexto, la imposición de un arancel del 10% a las exportaciones haitianas, por parte de la administración Trump, representa un golpe muy duro para Haití. Con ello la administración del Trump penaliza un socio comercial menor, con muy limitada capacidad exportadora, lo que impactará la situación económica general de Haití.
En el pasado, Estados Unidos estableció un mecanismo de cooperación con los países del Caribe, incluido Haití. Mediante la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y posteriormente el acuerdo HOPE/HELP, Estados Unidos ofreció beneficios arancelarios especiales a Haití, buscando promover el desarrollo económico y reducir la migración forzada. Al imponer un arancel del 10% a las exportaciones haitiana, Trump rompe con esta lógica, agravando la situación del país e ignorando la fragilidad estructural de Haití.
Económicamente hablando, un arancel del 10 % es irrelevante para la economía estadounidense pero muy significativo para Haití porque encarece sus exportaciones, reduce su competitividad, desincentiva la inversión extranjera y amenaza con cerrar fábricas que sostienen miles de empleos en un país con más de un 60 % de desempleo juvenil. En un país al borde de la hambruna, con escasez de empleos industriales y donde las divisas externas son vitales para sostener servicios mínimos, encarecer sus exportaciones es agravar más la situación de colapso en que se encuentra.
A esto se suma otra medida de Trump aún más drástica: la suspensión en febrero del 2025 de la ayuda humanitaria y cooperación técnica canalizada por USAID, congelándola por 90 días. Esta medida paralizó programas de salud pública, distribución de medicamentos, asistencia agrícola y formación técnica. Justo cuando más lo necesitaban, dejó sin atención a cientos de miles de personas.
Imponer un arancel del 10 % y suspender la ayuda no contribuye a Haití a salir de la violencia ni a reconstruir su Estado. Por el contrario, socavan aún más su tejido social, alimentan la desesperación de la población y potencian la migración irregular, el crimen transnacional y la inestabilidad en el Caribe.
Haití es una nación crucificada. Que se quite el 10 % del arancel y que la ayuda humanitaria sea repuesta es un clamor humano, justo y compartido. Es por el bien de todos, de los dominicanos también.
