Comisión Ambiental de la UASD respalda investigación penal en áreas protegidas y ofrece apoyo técnico
Santo Domingo. – 15 de febrero de 2026. – La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) expresó su respaldo a la decisión de la Procuraduría General de la República de iniciar una investigación penal exhaustiva sobre afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en varias áreas protegidas del país, al tiempo que puso a disposición de las autoridades su capacidad técnica y académica para acompañar el proceso.
En una declaración pública, la CAUASD valoró como “positiva, responsable y esperanzadora” la instrucción emitida por la procuradora general, magistrada Yeni Berenice Reynoso, mediante la cual se ordena investigar situaciones que comprometen la integridad de espacios como el Parque Nacional Jaragua, Bucanyé, la Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, las Dunas de Baní y el Parque Nacional Hoyo del Pino.
La comisión también destacó que la investigación incluye la ampliación de las indagatorias a todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan derivado en la emisión de títulos de propiedad o acciones privadas que afecten estas áreas, consideradas parte esencial del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
Tres razones clave
Según la CAUASD, la trascendencia de esta decisión radica en tres aspectos fundamentales.
En primer lugar, señalaron que la medida defiende el patrimonio natural como un bien público.
“Las áreas protegidas son soporte de biodiversidad, paisaje, cultura, suelos, bosques y costas; no son mercancía ni botín, sino garantía de vida y de soberanía ambiental”, subraya la declaración.
En segundo lugar, la comisión resaltó que la investigación contribuye a proteger la seguridad hídrica nacional, ya que la integridad de ecosistemas como montañas, humedales, dunas, bosques secos y bosques nublados está directamente vinculada a la producción, regulación y calidad del agua que consume la población y que requiere la economía.
En tercer lugar, la CAUASD afirmó que la decisión fortalece el Estado de derecho ambiental, al enviar un mensaje claro de que la impunidad frente a delitos ambientales no puede normalizarse.
En ese sentido, consideró imprescindible investigar posibles entramados de corrupción, falsificación, prevaricación u otros mecanismos que hayan facilitado el apoderamiento de bienes naturales públicos.
Importancia del informe técnico
La comisión ambiental destacó como especialmente relevante la conformación de una fuerza de tarea especial coordinada por el procurador adjunto Wilson Camacho e integrada por instancias especializadas del Ministerio Público y la Jurisdicción Inmobiliaria.
Asimismo, valoró que esta instancia tenga el mandato de elaborar, junto al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos medioambientales en las 134 áreas protegidas del SINAP.
Para la CAUASD, este componente técnico resulta crucial para organizar la evidencia, establecer patrones de actuación, identificar riesgos acumulativos y sustentar decisiones con base científica y legal sólida.
Disposición de acompañamiento
En su declaración, la Comisión Ambiental de la UASD reiteró su disposición de acompañar el proceso investigativo, poniendo a disposición del Ministerio Público y de las instituciones competentes sus equipos de trabajo y especialistas en áreas vinculadas a la investigación ambiental, territorial y jurídica.
La entidad subrayó que la defensa de las áreas protegidas constituye una causa nacional que no admite ambigüedades, por tratarse de un asunto de presente y de futuro para el país.
“La UASD, como universidad pública, está llamada a contribuir con ciencia, ética y compromiso social para que la verdad se investigue, se documente y se sancione conforme a la ley, y para que se garantice la no repetición de prácticas que lesionan irreversiblemente el patrimonio natural dominicano”, indica el documento.
