Comisión Especial recomienda juicio político contra la Cámara de Cuentas por faltas graves

Santo Domingo, 25 de marzo – La Comisión Especial designada para investigar la gestión de los actuales miembros de la Cámara de Cuentas concluyó que han incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, lo que amerita su enjuiciamiento ante el Senado de la República.

Según el informe presentado, los cinco miembros del órgano fiscalizador del Estado violaron varios artículos de la Constitución, incurriendo en irregularidades que afectan la transparencia y eficiencia de la institución.

La investigación, encabezada por el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza, recomienda que el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, así como los miembros Elsa María Cataño Ramírez, Tomasina Tolentino de Mckenzie, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña, sean sometidos a un juicio político. Además, el informe plantea la necesidad de una reforma institucional para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro.

Principales hallazgos de la investigación

El informe detalla diversas irregularidades que han afectado el funcionamiento de la Cámara de Cuentas. Entre los principales hallazgos se encuentran conflictos internos, mala gestión administrativa, uso indebido de fondos públicos y la alteración de documentos oficiales.

Uno de los puntos más preocupantes señalados por la comisión es la falta de armonía entre los miembros de la entidad, lo que ha llevado a enfrentamientos públicos y a una evidente crisis institucional. Se identificó una falta de comunicación y respeto entre sus integrantes, lo que generó retrasos en auditorías y afectó la operatividad del órgano fiscalizador.

El informe también revela serias anomalías en la ejecución presupuestaria de los años 2021 y 2022. En 2021, de un presupuesto de RD$1,674 millones, solo se ejecutó el 54%, mientras que en 2022, de RD$1,474 millones, se ejecutó apenas el 68%. Al finalizar 2022, la institución acumuló RD$1,296 millones en fondos no utilizados, de los cuales RD$500 millones estaban en un certificado financiero que generó intereses por RD$30 millones.

Asimismo, se señala un grave retraso en la ejecución del Plan Anual de Auditoría, incumpliendo con las auditorías programadas. En 2021, solo se realizaron 10 de las 79 auditorías planificadas, y en 2022, apenas 2 de las 88 establecidas en el plan. Esto compromete el objetivo principal de la institución, que es la fiscalización de los recursos públicos.

Además, se evidenció el uso inadecuado de los fondos estatales, incluyendo pagos irregulares y el desvío de recursos destinados a auditorías para fines administrativos. También se determinó que el presupuesto de la Cámara de Cuentas de los años 2022 y 2023 fue elaborado sin la participación de las comisiones especializadas del Congreso, violando la Ley 10-04 que rige la entidad.

Motivación de la investigación

Las disputas internas en la Cámara de Cuentas se hicieron evidentes a través de los medios de comunicación, donde los propios miembros de la entidad expusieron públicamente sus diferencias en torno al manejo de la institución.

Ante este escenario, los presidentes de las cámaras legislativas intentaron mediar para buscar una solución conciliatoria, pero los esfuerzos fueron infructuosos.

En respuesta a estas denuncias, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 00507 el 10 de mayo de 2023, mediante la cual se creó la Comisión Especial para investigar las presuntas faltas graves cometidas por los miembros de la Cámara de Cuentas.

Acusaciones contra cada miembro

Janel Andrés Ramírez Sánchez (Presidente)

Se le acusa de rechazar y archivar ilegalmente informes de auditorías con indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil, sin debatir su contenido en el Pleno de la Cámara de Cuentas.

También se le imputa haber votado en bloque diez expedientes de auditoría con hallazgos y resultados diferentes, relacionados con:

• Comisión Hípica Nacional Hipódromo V Centenario (2014-2018).
• Federación Dominicana de Ajedrez (2014-2017).
• Dirección General de Ganadería (2017-2018).
• Fondos entregados por la Junta Central Electoral al PRSC (2016).
• Ayuntamiento de Villa Altagracia (2015-2016).

Elsa María Cataño Ramírez

Se le acusa de haber alterado actas oficiales al firmar la resolución ADM-2022-12 sin que el Pleno la conociera ni aprobara, introduciendo irregularmente cambios en documentos oficiales.

También se le imputa haber participado en una sesión ilegal del Pleno, tomando decisiones sobre el nombramiento y revocación de personal sin cumplir los procedimientos establecidos.

Se le señala, además, por usurpación de funciones del presidente de la Cámara de Cuentas, al delegar atribuciones en la licenciada Adriana Castillo, en detrimento de la autoridad de Norvin de Bergés, director de la Dirección de Análisis Presupuestario.

Tomasina Tolentino de Mckenzie

Está acusada de alterar horarios de trabajo del personal sin contar con la autorización correspondiente, lo que se evidencia en correos enviados a la Dirección de Recursos Humanos el 10 de agosto de 2021.

Además, se le responsabiliza por votar a favor de informes enviados al Congreso sin incluir auditorías clave sobre la ejecución del Presupuesto General del Estado de 2020, 2021 y 2022.

También participó en la elaboración del presupuesto de 2022 y 2023 sin la aprobación de una comisión especializada, incumpliendo los procedimientos legales.

Mario Arturo Fernández Burgos

Se le acusa de rechazar informes de auditoría con hallazgos de responsabilidad penal y administrativa sin un debido proceso de análisis. También habría votado en bloque para archivar diez auditorías distintas sin examinarlas individualmente.

Además, se le imputa haber aprobado pagos irregulares, incluyendo la indemnización de un funcionario sin justificación legal.

Elsa María Peña Peña

Fue señalada por usurpación de funciones al ordenar el traslado irregular de una unidad administrativa dentro de la institución.

También se le acusa de contribuir al deterioro de la Cámara de Cuentas mediante un comportamiento que afectó su gestión, lo que generó una crisis institucional y pérdida de credibilidad.

Recomendaciones de la Comisión Especial

Ante la gravedad de los hallazgos, la Comisión Especial propuso al Pleno de la Cámara de Diputados la aprobación de un proyecto de resolución mediante el cual se acuse formalmente a los miembros de la Cámara de Cuentas ante el Senado y se solicite su destitución.

También se recomendó remitir al Senado los medios de prueba recopilados durante la investigación, para que sean considerados en el juicio político.

Asimismo, se sugirió la implementación de una reforma institucional en la Cámara de Cuentas, con el fin de establecer controles más estrictos que eviten la repetición de estas irregularidades en futuras administraciones.

Próximos pasos en el proceso

Si el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba la acusación, el caso pasará al Senado, donde se deberá celebrar un juicio político para determinar si procede la destitución de los funcionarios.

En caso de ser destituidos, el Senado deberá coordinar con el Poder Ejecutivo y las cámaras legislativas para la selección de nuevos miembros que garanticen la transparencia y buen desempeño del órgano fiscalizador del Estado.