Conani condena expulsión de menores haitianos en Dajabón; alcalde Riverón se defiende y desata controversia

SANTO DOMINGO, 18 de mayo de 2025 — La reciente expulsión de un grupo de niños haitianos indocumentados del parque Juan Luis Franco Bidó en Dajabón por orden del alcalde Santiago Riverón ha encendido una controversia nacional que involucra directamente al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), instituciones de derechos humanos, y sectores de la sociedad civil dominicana.

En un comunicado oficial, Conani rechazó “categóricamente” la actuación del edil, señalándola como “arbitraria e irregular” y una violación directa de protocolos y leyes que garantizan los derechos de la niñez.

Los hechos ocurrieron cuando Riverón, según sus propias declaraciones, encontró a los menores durmiendo en la glorieta del parque mientras se dirigía a su oficina. La reacción del alcalde fue detener a los niños y entregarlos a la Dirección General de Migración (DGM), que posteriormente los transfirió a la unidad local de Conani. De ahí, algunos fueron repatriados a Haití.

Conani denuncia violación de derechos y protocolos

Conani expresó que el accionar del alcalde contravino los procedimientos establecidos para el abordaje de casos de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y movilidad humana.

En su declaración, el organismo subrayó que la acción del alcalde violó los principios fundamentales de la Ley 136-03, el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece el respeto a la integridad personal, la inviolabilidad física y moral, y prohíbe cualquier forma de traslado o retención ilegal de menores.

“Riverón violentó los protocolos establecidos para el abordaje de estos casos”, señaló la institución. Agregaron que su oficina municipal en Dajabón cuenta con un equipo técnico especializado con presencia permanente en el Centro de Acogida de la DGM, donde opera un espacio denominado “Amigable para la Niñez”.

Conani explicó que, una vez recibidos los menores, se aplicó el protocolo correspondiente de entrevistas y evaluación para determinar su situación legal y social. Como resultado, se concluyó que seis de los niños no tenían arraigo en República Dominicana y mencionaron tener familiares en Haití.

Por ello, se procedió a una repatriación “asistida” y coordinada con el Instituto de Bienestar Social e Investigación (Ibesr) de Haití. No obstante, otros cinco menores escaparon de las instalaciones de la DGM antes de completar las evaluaciones.

Desde 2021, Conani impulsa un programa especial de atención a menores en condición migratoria irregular, en coordinación con otras instituciones del sistema de protección. Este programa ha fortalecido las capacidades de respuesta a nivel local, garantizando un enfoque de derechos humanos.

La defensa del alcalde Riverón

Santiago Riverón, sin embargo, ha defendido firmemente su proceder. En declaraciones a diversos medios de comunicación, reiteró que no se maltrató a los menores y que la intervención fue espontánea.

“Salía de mi residencia y vi a los menores ahí. Entonces nos desmontamos. No fue algo planificado. Ya había denuncias anteriores. En ningún momento se violaron sus derechos”, aseguró Riverón.

El alcalde enfatizó que los niños fueron entregados a Migración, luego a Conani y que se siguió el procedimiento de repatriación. “No te digo que fuera lo correcto, pero alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. A veces las autoridades tenemos que actuar si la situación lo demanda”, añadió.

Asimismo, justificó su accionar al mencionar que días antes, menores similares habían sido vinculados a un caso de agresión sexual contra otra niña haitiana, lo que, según él, refuerza la necesidad de acciones contundentes.

“No es un tema de odio, es un tema de orden, cultura y organización. No podemos permitir que los haitianos se coman nuestro país como se comieron el de ellos”, expresó en una declaración que ha generado múltiples reacciones por su tono xenófobo.

Riverón también ha reiterado un ultimátum a los indocumentados que permanecen en la ciudad, dándoles un plazo de cinco días para abandonar el territorio o enfrentar operativos “más contundentes” con el respaldo de las fuerzas del orden, Migración y la Fiscalía. “Aunque no tenga facultad para deportar, estamos solicitando apoyo de las instituciones competentes”, señaló.

Reacciones divididas y creciente tensión

La actuación del alcalde ha provocado una polarización social. Por un lado, parte de la población de Dajabón ha respaldado la medida, alegando que la presencia de estos menores representa una fuente de desorden público, robos y explotación sexual.

Por otro lado, organizaciones de derechos humanos, expertos en infancia y migración, y representantes de organismos internacionales han expresado profunda preocupación por la forma en que se manejó el caso.

La viralización del video donde se observa a Riverón conduciendo personalmente a los menores fuera del parque ha generado reacciones a nivel nacional, obligando al alcalde a realizar múltiples declaraciones públicas para defender su accionar. Incluso ha lanzado desafíos a sus críticos, invitándoles a adoptar “dos o tres menores haitianos” y prever las consecuencias a futuro.

“Las imágenes son las que hablan; en ningún momento nosotros maltratamos a esos menores. Lo primero es que somos respetuosos de los derechos humanos”, insistió.

Contexto de la situación migratoria en Dajabón

Dajabón, como ciudad fronteriza, ha sido históricamente uno de los puntos más sensibles en la relación entre República Dominicana y Haití. La movilidad de personas, especialmente de menores no acompañados, ha generado desafíos permanentes para las autoridades locales y nacionales.

La migración irregular de niños y adolescentes, muchos de los cuales cruzan la frontera en busca de trabajo o huyendo de situaciones de violencia y pobreza extrema en Haití, ha sido objeto de políticas de control y, al mismo tiempo, de demandas de mayor sensibilidad y coordinación institucional.

El artículo 12 de la Ley 136-03 establece con claridad que todo menor tiene derecho a la integridad personal, entendida como el respeto a su dignidad y protección contra cualquier forma de maltrato o negligencia. Además, se enfatiza que cualquier actuación debe estar guiada por el debido proceso, la sensibilidad especial para tratar a la infancia y la estricta coordinación interinstitucional.

Conani ha hecho un llamado urgente a todas las autoridades del país para que se respeten los protocolos existentes en el manejo de menores en situación de movilidad. “Toda actuación debe realizarse con apego al debido proceso, la coordinación interinstitucional, la sensibilidad requerida y el respeto irrestricto a sus derechos fundamentales”, indicó la institución.