Condenan a 20 años de prisión a teniente coronel por homicidio de joven en sector Los Ríos
Santo Domingo, R.D., 3 de enero de 2026 — El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó una condena de 20 años de prisión contra el teniente coronel de la Policía Nacional Raúl Francisco Suriel Arias, hallado culpable del homicidio voluntario de Gregory Mena Montero, durante un incidente ocurrido la madrugada del 15 de diciembre de 2024 en el sector Los Ríos, al norte de la capital.
El veredicto fue emitido a solicitud del Ministerio Público, que sustentó la acusación mediante una investigación conducida por el fiscal Orlando Antonio Santos Ramírez, del Departamento de Asuntos Internos del Distrito Nacional. Las fiscales litigantes Cynthia Bonetti y Carlenny Camilo representaron al órgano persecutor durante el proceso judicial.
De acuerdo con el expediente, el hecho se produjo luego de que Mena Montero fuera señalado por dos ciudadanos de haber atropellado a un motociclista en la avenida Nicolás de Ovando. Tras ignorar la orden de alto emitida por el oficial y otros agentes policiales, el joven fue perseguido hasta la calle La Fe del sector Los Ríos, donde quedó atrapado en el tránsito vehicular.
Fue en ese contexto que el oficial Suriel Arias, según estableció la investigación, agredió físicamente a la víctima utilizando su arma de reglamento —una pistola Glock calibre 9 milímetros— para luego dispararle en el rostro. El informe forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que la causa de muerte fue un disparo letal a corta distancia.
El Ministerio Público calificó el hecho como un homicidio voluntario, en violación de los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano.
El tribunal que dictó la sentencia estuvo compuesto por las juezas Leticia Martínez Noboa, quien presidió en funciones; Evelyn Rodríguez, como jueza miembro; y Yuleika Henríquez Romero, en calidad de jueza suplente. La sentencia dispone que el oficial cumpla la condena en el Centro de Operaciones Especiales.
El caso ha reavivado el debate sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de los cuerpos de seguridad, y plantea nuevos cuestionamientos sobre los protocolos de actuación de la Policía Nacional en escenarios urbanos.
