Condenan a ocho miembros de red de falsificación desmantelada en la Operación Colibrí; cinco más irán a juicio
Santo Domingo, 14 de diciembre de 2025 — Ocho personas vinculadas a una estructura delictiva dedicada a la falsificación masiva de documentos públicos y privados fueron condenadas este jueves por un juez de instrucción de Santiago, tras aceptar su responsabilidad en los hechos durante un juicio penal abreviado solicitado por el Ministerio Público.
La red fue desmantelada en el marco de la Operación Colibrí, una de las más complejas acciones de persecución del crimen organizado en materia de falsificación documental en República Dominicana.
Las penas impuestas oscilan entre 3 y 6 años de prisión. Julio César Almonte Espinal, Luis Manuel Rodríguez, Fausto Merán, William Rodríguez Rodríguez, José Rosario Marte y Thomás Enmanuel Rojas recibieron condenas de seis años, mientras que Yanuel Morales Rodríguez (alias “Google”) fue sentenciado a cinco años y José Carlos Montero a tres.
El fallo fue dictado por el juez Job García Hurtado, del Segundo Juzgado de la Instrucción de Santiago, quien acogió el acuerdo alcanzado entre los imputados y las fiscales litigantes Esther María González Peguero —representante del Ministerio Público ante la Junta Central Electoral (JCE)— y Liliana Guillén, de la Fiscalía de Santiago.
Por otro lado, el tribunal ordenó la apertura de juicio ordinario contra otros cinco imputados: Ana Delia Ysidra Tavárez Soto, Samuel Elías Ceballos Ramos, Arsenio Reyes, José Miguel Cruz Hiraldo y Noel de Jesús Padilla Minaya, a solicitud del Ministerio Público.
La investigación, desarrollada por la Dirección General de Persecución, la Fiscalía de Santiago y el Ministerio Público adscrito a la JCE, contó con el apoyo de agentes encubiertos de la Dirección de Seguridad Civil de la Junta y de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM). Además, participó la Consultoría Jurídica de la JCE como querellante.
Según el expediente, la red operaba principalmente en los alrededores de la Junta Municipal de Santiago, donde se falsificaban actas de nacimiento, cédulas, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir y permisos de porte de armas, documentos que luego eran comercializados entre ciudadanos dominicanos y extranjeros.
El Ministerio Público documentó más de 800 elementos de prueba, incluyendo materiales plásticos utilizados para imprimir documentos falsificados, decomisados en allanamientos judicialmente autorizados.
La acusación detalla cómo los miembros del grupo alteraban actas del Registro Civil, preservando el papel de seguridad y reimprimiendo en él datos fraudulentos, lo que permitía generar documentos casi idénticos a los originales.
El juez dictaminó que las penas impuestas serán parcialmente suspendidas, tomando en cuenta el tiempo que los imputados ya cumplieron en prisión. Como parte de las condiciones, deberán residir en el domicilio previamente informado al tribunal, abstenerse de involucrarse en nuevos fraudes o estafas —incluyendo por medios electrónicos— y comprometerse a aprender un oficio o cursar formación profesional.
La sentencia establece que cualquier incumplimiento de estas condiciones derivará en la ejecución inmediata de la pena en régimen penitenciario.
El Ministerio Público calificó los hechos como violaciones a los artículos 265, 266, 147 y 150 del Código Penal Dominicano, así como al artículo 13 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral, por asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, y falsedad en escritura.
Con más de 600 páginas, el expediente de la Operación Colibrí es una radiografía detallada de cómo una red organizada logró vulnerar el sistema de documentación oficial del país, comprometiendo la seguridad jurídica nacional.
