Conflictos entre la Administración Trump y el Poder Judicial de EE.UU. por políticas migratorias y despidos en agencias federales
Nueva York, 22 marzo – Durante la administración del presidente Donald Trump, se han implementado diversas políticas que han generado enfrentamientos significativos con el poder judicial de Estados Unidos.
Estas disputas se han centrado principalmente en áreas como la política migratoria y el desmantelamiento de agencias federales, lo que ha llevado a una serie de bloqueos y desafíos legales.
Políticas migratorias y bloqueos judiciales
Una de las iniciativas más controvertidas de la administración Trump ha sido la tentativa de finalizar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Esta medida buscaba que los hijos de inmigrantes sin estatus legal permanente al momento de su nacimiento en territorio estadounidense no fueran considerados ciudadanos.
La orden ejecutiva argumentaba que los hijos de no ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y, por lo tanto, no deberían recibir la ciudadanía automáticamente.
Sin embargo, esta acción fue bloqueada temporalmente por un juez federal, quien señaló que la Enmienda 14 de la Constitución garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción .
Otra medida polémica fue la autorización para que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaran redadas en lugares previamente considerados «áreas sensibles», como iglesias y escuelas.
Esta política revertía directrices anteriores que limitaban las acciones de ICE en estos lugares para proteger la privacidad y seguridad de las comunidades. No obstante, un juez federal de Maryland bloqueó esta medida, argumentando que contravenía políticas establecidas y podría infringir derechos fundamentales .
Además, la administración Trump intentó suspender el programa de reasentamiento de refugiados, alegando que las ciudades y comunidades estaban sobrecargadas por «niveles récord de migración» y carecían de capacidad para absorber a más refugiados.
Esta suspensión fue impugnada legalmente, y un juez federal en Seattle bloqueó la orden, permitiendo que el programa continuara y destacando la importancia de cumplir con compromisos humanitarios internacionales .
Desmantelamiento de agencias federales y despidos masivos
Paralelamente a las políticas migratorias, la administración Trump ha promovido una reducción significativa de la fuerza laboral federal y el desmantelamiento de ciertas agencias.
Un ejemplo notable es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), donde se anunció la eliminación de 2,000 puestos y la colocación en licencia de casi todos sus empleados en el extranjero.
}Esta medida fue justificada como parte de un esfuerzo por reducir el gasto gubernamental y reorganizar las funciones federales .
Estas acciones provocaron respuestas legales. Un juez federal bloqueó indefinidamente el desmantelamiento de USAID, considerando que la administración no había seguido los procedimientos adecuados y que la eliminación de la agencia podría tener consecuencias negativas en la política exterior y en programas de ayuda internacional .
Además, la Casa Blanca emitió un memorando instruyendo a las agencias gubernamentales a prepararse para una «reducción de personal» significativa en las próximas semanas.
Esta directiva fue parte de un plan más amplio para reducir el tamaño del gobierno federal y reasignar recursos.
Sin embargo, sindicatos y grupos de empleados federales presentaron demandas argumentando que los despidos masivos violaban derechos laborales y no cumplían con los procedimientos legales establecidos .
Deportaciones de supuestos miembros del Tren de Aragua
Uno de los casos más recientes y controvertidos es la deportación de 238 venezolanos a El Salvador, acusados por la administración Trump de ser miembros del grupo criminal conocido como Tren de Aragua.
Para llevar a cabo estas deportaciones, el presidente invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa que no había sido utilizada en décadas. Esta ley permite al Ejecutivo expulsar a extranjeros considerados peligrosos sin necesidad de intervención judicial.
Sin embargo, la aplicación de esta ley fue rápidamente bloqueada por el juez federal James Boasberg, quien argumentó que su uso en este contexto era inapropiado y ordenó la suspensión de las deportaciones.
A pesar de la orden judicial, la administración Trump procedió con las expulsiones, lo que provocó una fuerte reacción del poder judicial.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió una declaración inusual advirtiendo al presidente Trump sobre las críticas a los jueces federales y enfatizando la importancia de respetar la independencia judicial.
Además, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que ninguno de los deportados era miembro del Tren de Aragua, contradiciendo las afirmaciones de la administración estadounidense.
Despido de comisionados de la Comisión Federal de Comercio (FTC)
En otro ámbito, el presidente Trump despidió a los comisionados demócratas de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Álvaro Bedoya y Rebecca Kelly Slaughter. Bedoya calificó la decisión como «corrupción pura y dura», sugiriendo que el presidente busca convertir a la FTC en un instrumento al servicio de sus aliados. La FTC, fundada en 1914, es una agencia independiente encargada de proteger a los consumidores y promover la competencia.
La destitución de comisionados por razones políticas es considerada ilegal según precedentes de la Corte Suprema, y se espera que los afectados impugnen sus despidos en los tribunales.
Reacciones y consecuencias
Estos incidentes reflejan una tendencia de la administración Trump a desafiar las decisiones judiciales y a tomar medidas controvertidas que afectan la estructura y funcionamiento de agencias federales.
La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por estas acciones, señalando que podrían debilitar el estado de derecho y la democracia en Estados Unidos.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido mencionada como una posible entidad para intervenir y proteger el orden democrático en el país, aunque hasta la fecha no ha tomado medidas concretas al respecto.
En respuesta a los bloqueos judiciales, la administración Trump ha manifestado su intención de llevar las disputas legales hasta la Corte Suprema, buscando un aval definitivo para implementar sus políticas.
Este enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial refleja las tensiones inherentes en la estructura gubernamental de Estados Unidos y plantea preguntas sobre los límites de la autoridad presidencial en la implementación de políticas controvertidas .
