Congreso Nacional cierra legislatura ordinaria 2024 con logros y desafíos pendientes

Santo Domingo, 13 de enero. El Congreso Nacional concluyó formalmente la segunda legislatura ordinaria de 2024 la noche de este domingo, marcando el cierre de un periodo de 150 días en el que se aprobaron importantes iniciativas legislativas, pero también se dejaron numerosos temas pendientes.

Este periodo estuvo caracterizado por logros significativos, retos persistentes y la incidencia de varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que impactaron el trabajo legislativo.

El Congreso retomará sus labores el 27 de febrero con la apertura de la primera legislatura ordinaria de 2025, salvo que el Poder Ejecutivo convoque una legislatura extraordinaria antes de esa fecha.

Tres decisiones del Tribunal Constitucional marcaron un fuerte desafío para el Congreso durante la legislatura. Estas sentencias, que declararon inconstitucionales las leyes 1-24, 20-23 y 10-15, han obligado al primer Poder del Estado a revisar y ajustar su enfoque legislativo para evitar futuras contravenciones legales.

Una de las sentencias más debatidas es la que modifica los artículos 156 y 157 de la Ley 20-20 Orgánica del Régimen Electoral. Esta decisión busca permitir la inscripción de candidaturas independientes, un tema que ha generado divisiones en los partidos políticos y entre distintos sectores sociales.

Eddy Olivares, vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), expresó su preocupación por el impacto de esta decisión. Según Olivares, el Tribunal asumió un rol que corresponde al legislador, lo que considera una extralimitación. En su opinión, el Congreso debe preparar un reglamento claro para implementar el fallo, especialmente en relación con las implicaciones en procesos de sucesión legislativa.

Por otro lado, el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, no descartó la posibilidad de proponer un juicio político contra los jueces del Tribunal Constitucional debido a esta sentencia.

Impacto de las leyes anuladas

Otra sentencia significativa del TC fue la que declaró inconstitucional la Ley 10-15, que introducía modificaciones al Código Procesal Penal. Según el Tribunal, la ley fue sancionada únicamente por el Senado, sin la ratificación de la Cámara de Diputados, lo que viola el procedimiento legislativo. La corte otorgó al Congreso un plazo de un año para corregir y aprobar la legislación, advirtiendo que, de no hacerlo, los 111 artículos modificados quedarían suprimidos, regresando al marco legal de hace dos décadas.

La Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), también fue declarada inconstitucional, dejando al Congreso con la tarea de reformular el proyecto en la próxima legislatura.

Aunque el Congreso logró avances importantes, como la reforma constitucional, la modificación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y la aprobación de acuerdos internacionales como el de transporte aéreo entre República Dominicana y Estados Unidos, otras iniciativas clave quedaron rezagadas.

Entre los proyectos pendientes destaca la reforma al Código Penal, que lleva más de 20 años en discusión sin lograr ser aprobada. A pesar de varios intentos durante la legislatura recién concluida, la pieza volvió a perimir, dejando su futuro en manos de los legisladores que asumirán en 2025.

La reforma a la Ley 87-01 de Seguridad Social, la Ley de Agua y la Ley de Compras y Contrataciones también perimieron, sumándose a una lista de marcos legislativos cuya aprobación ha sido postergada año tras año. Otros proyectos que quedaron pendientes incluyen las modificaciones al Código Procesal Penal, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Comercio y el Código de Trabajo, así como el proyecto de ley de alquileres.

El camino hacia la próxima legislatura

El Congreso enfrenta un inicio de 2025 cargado de desafíos. Además de resolver los pendientes de la pasada legislatura, deberá abordar las implicaciones de las sentencias del Tribunal Constitucional y garantizar que las nuevas iniciativas legislativas cumplan con los procedimientos legales necesarios para evitar futuras anulaciones.

Con temas como el Código Penal, la Ley de Seguridad Social y el Código de Trabajo en la agenda, los legisladores tendrán que equilibrar las demandas sociales con la necesidad de una gestión eficiente y legalmente sólida. La convocatoria a una posible legislatura extraordinaria por parte del Ejecutivo podría adelantar el trabajo en algunos de estos temas prioritarios.

Con datos de El Caribe

Comentarios
Difundelo
Permitir Notificaciones OK No gracias