Contrataciones Públicas anula licitación del MINERD por irregularidades en adjudicación de RD$966 millones
Santo Domingo, 7 de febrero. La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) anuló el proceso de licitación pública OCI-CCC-LPN-2024-0003 para el “equipamiento de talleres con servicios conexos en centros educativos a nivel nacional -segunda etapa-”, llevado a cabo por la Oficina de Cooperación Internacional (OCI) del Ministerio de Educación (MINERD), tras detectar graves irregularidades en su ejecución.
La DGCP informó que esta decisión se tomó luego de conocer cinco recursos jerárquicos interpuestos contra el proceso de contratación. En su calidad de órgano rector, verificó que la licitación, que inicialmente tenía un monto de RD$945 millones, fue posteriormente modificada e incrementada a RD$966,748,624.00 sin las debidas justificaciones ni el cumplimiento de los requisitos legales.
Como resultado de este proceso fueron adjudicadas las empresas A Fuego Lento S.R.L., Suplidores Comerciales & Suministros Tecnomas-LM, S.R.L., Arcaservis y Riften Investment, S.R.L.
Según la resolución RIC-0015-2025, la OCI incurrió en múltiples violaciones a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. Entre las irregularidades detectadas se encuentran la violación al artículo 20 de la referida ley, así como el incumplimiento de los principios de eficiencia, economía y flexibilidad, debido a que el pliego de condiciones y su enmienda no contenían la información necesaria para la correcta elaboración y evaluación de las ofertas.
El Comité de Compras y Contrataciones de la OCI también fue señalado por permitir la habilitación de la propuesta técnica de los adjudicatarios a pesar de que varios de los bienes presentados no cumplían con las especificaciones técnicas indicadas en el pliego.
Además, se identificaron violaciones al debido proceso administrativo al no haberse agotado la fase de instrucción de los recursos de impugnación presentados, conforme al artículo 67 de la Ley 340-06. Otra irregularidad destacada fue la evaluación incorrecta de las credenciales presentadas por las empresas adjudicatarias, lo que generó dudas sobre la idoneidad de los proveedores seleccionados.
Asimismo, la DGCP destacó la falta de transparencia en el procedimiento, ya que no se publicaron los documentos correspondientes a la etapa de subsanación de ofertas ni el informe aprobado mediante el acto de aprobación CCC-0042-2024, lo que limitó la posibilidad de fiscalización y control por parte de otros actores.
Ante estas irregularidades, la DGCP ordenó a la OCI identificar a los funcionarios responsables de la licitación y determinar las acciones disciplinarias correspondientes conforme a la Ley 41-08 de Función Pública y el artículo 65 de la Ley 340-06. Además, instruyó a la OCI a presentar un informe con los resultados del procedimiento disciplinario en un plazo de cinco días, contados a partir de la emisión de la resolución.
La decisión también fue remitida a varias instituciones de control y fiscalización, incluyendo la Contraloría General de la República y su Unidad Antifraude, la Cámara de Cuentas, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), el Ministerio de Educación (MINERD), el Ministerio de la Presidencia y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
Estas entidades deberán realizar las investigaciones pertinentes y tomar las medidas necesarias para garantizar la transparencia y legalidad en la contratación pública.
La DGCP explicó que, con la anulación de la licitación, todos los contratos firmados en el marco de este proceso han quedado sin efecto. Esto significa que la OCI deberá iniciar un nuevo proceso de contratación para la adquisición de los bienes y servicios requeridos en los centros educativos, asegurando que esta vez se cumplan con los requisitos legales y normativos establecidos en el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.
