Contratistas piden a Abinader crear comisión de alto nivel por desaparición de documentos públicos
Santo Domingo, 4 sept. – El Comité Institucional Codiano (CIC) planteó hoy al presidente de la República, Luis Abinader, disponer la creación de una comisión interinstitucional de alto nivel que aborde de manera definitiva la desaparición de documentos públicos en los archivos de instituciones contratantes, a fin de resolver la situación que ha mantenido paralizado el proceso de pago de 92 expedientes de deudas viejas a contratistas del Estado.
La sugerencia de los contratistas fue dada a conocer por el portavoz del CIC, ingeniero Miguel Liberato, durante una rueda de prensa ofrecida en la explanada frontal de la Procuraduría General de la República, en la que estuvo acompañado de los directivos Anibal Rincon, Emiliano Familia, Ovidio Rosario, Nelson Núñez, Samuel Peña y Eugenio Matos.
El vocero del CIC recordó que este tema salió a relucir en La Semanal del lunes pasado, cuando el presidente Abinader fue cuestionado por una periodista sobre la paralización del proceso de pago a 92 contratistas afectados por la desaparición de documentos públicos que las instituciones contratantes generan y deben suministrar al Ministerio de Hacienda.
Liberato indicó que en lugar de responder al problema central de la desaparición de documentos, el presidente se limitó a señalar que su gobierno ha pagado a quienes cumplen con los requisitos, sin admitir que el verdadero obstáculo es la negligencia de las propias instituciones estatales responsables de custodiar los expedientes de pago.
Los constructores proponen que la comisión sugerida esté encabezada por un representante de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo e integrada además por funcionarios del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Defensor del Pueblo y tres miembros designados por el CIC.
De acuerdo con la propuesta, la comisión en referencia tendría un plazo definido para proponer mecanismos técnicos que permitan reconstruir expedientes, sustituir documentos desaparecidos y eliminar las trabas administrativas que han impedido la liquidación de las deudas.
Conforme a lo explicado por Liberato, “la conformación de esta comisión sería una salida institucional, justa y transparente, que pondría fin a un problema que arrastra más de dos décadas, al tiempo que reforzaría la confianza ciudadana en la correcta administración de los recursos públicos”.
Finalmente, Liberato hizo un recordatorio de que el pasado 28 de julio el CIC formalizó ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una denuncia para que se investigue la desaparición de documentos públicos en varias instituciones y se quejó de que hasta la fecha no se conocen avances ni explicaciones oficiales.
