Controversia por el retraso en la declaración de patrimonio: Debate sobre sanciones a legisladores incumplidores

Santo Domingo, 18 de septiembre – El plazo para que los funcionarios públicos electos el pasado 16 de agosto presentaran su declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de Cuentas ya venció, y hasta el momento, solo 112 diputados y 17 senadores han cumplido con este requisito legal.

Sumados a los legisladores que cesaron en sus funciones recientemente, el total asciende a 120 diputados y 19 senadores que han hecho sus declaraciones. Sin embargo, la controversia ha surgido por aquellos que no lograron presentar su documentación dentro del tiempo estipulado, lo que ha llevado a un debate sobre la pertinencia de aplicar sanciones.

A pesar de que el plazo oficial terminó a las 11:59 de la noche del lunes, técnicos de la Oficina de Evaluación y Fiscalización de los Funcionarios Públicos continuaron asistiendo a algunos declarantes durante la madrugada del martes, en un intento por facilitar el proceso.

La Ley 311-14, que establece el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio, obliga a una amplia gama de funcionarios públicos a declarar sus bienes, incluyendo a legisladores, jueces, ministros y otros altos cargos del gobierno.

¿Qué establece la Ley 311-14?

La Ley 311-14 fue creada para garantizar la transparencia en la administración pública mediante la obligación de los funcionarios de declarar sus patrimonios. Esta normativa requiere que el presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, jueces de tribunales superiores, procuradores, ministros, viceministros, y directores de entidades públicas, entre otros, presenten un inventario de sus bienes, incluyendo propiedades, vehículos, cuentas bancarias y deudas.

El objetivo de la ley es combatir la corrupción y asegurar que los funcionarios públicos no acumulen riqueza de manera indebida durante el ejercicio de sus funciones. La declaración de patrimonio debe ser autenticada por un notario y publicada a través de medios electrónicos o impresos, lo que la convierte en un documento accesible para la ciudadanía y las autoridades.

Sin embargo, varios legisladores han criticado el proceso, argumentando que las exigencias actuales van más allá de lo que estipula la ley, lo que ha dificultado su cumplimiento.

Entre los requisitos adicionales se encuentran los pasaportes de sus cónyuges e hijos, los nombres de los colegios donde estudian sus hijos y los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de sus cónyuges, lo que ha generado malestar en algunos sectores.

Críticas a las sanciones

La posibilidad de sancionar a los legisladores que no presentaron su declaración jurada dentro del plazo establecido ha sido rechazada por varios diputados de diferentes partidos políticos. Al ser cuestionados sobre el editorial de Listín Diario, que sugirió la aplicación de sanciones, incluyendo posibles juicios políticos para los incumplidores, varios legisladores defendieron sus esfuerzos por cumplir con el proceso, pero señalaron que enfrentaron «trabas» en el sistema.

Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara Baja, fue uno de los legisladores que no logró presentar su declaración a tiempo. Sánchez señaló que los nuevos requisitos de la Cámara de Cuentas difieren de lo que tradicionalmente se ha solicitado, lo que complicó la presentación de los documentos.

«¿Hasta dónde llega la declaración de la Cámara?», se preguntó, calificando algunos de los requisitos como exagerados. Además, expresó su frustración al afirmar que la Cámara de Cuentas está pidiendo información personal detallada, lo que consideró innecesario.

Por su parte, Amado Díaz, vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se mostró en contra de imponer sanciones a los legisladores que no lograron completar el proceso a tiempo, argumentando que debe existir flexibilidad en la aplicación de la ley cuando se imponen requisitos que no estaban previamente contemplados.

Díaz insistió en que su bancada ha seguido lo que establece la Ley 311-14, pero pidió que se considere la dificultad que algunos legisladores enfrentaron debido a cambios recientes en los formularios y procedimientos.

Rafael Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo, también cuestionó la aplicación de sanciones, señalando que las modificaciones introducidas por la Cámara de Cuentas en el proceso de declaración jurada violan el artículo 3 de la Ley 311-14.

Según Castillo, algunos diputados no pudieron completar el proceso debido a requisitos adicionales como la presentación de copias completas de pasaportes o la entrega de información sobre redes sociales, lo cual, en su opinión, no debería ser motivo para marcar una declaración como incompleta.

Elías Wessin Chávez, vocero del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), calificó de «muy drástico» sancionar a los diputados y senadores que no completaron sus declaraciones a tiempo.

Según Wessin Chávez, la mayoría de los legisladores presentó su declaración dentro del plazo hábil, y aquellos que no lo lograron deberían tener la oportunidad de completar sus expedientes sin enfrentar medidas punitivas.

Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, ha tratado de apoyar a los legisladores que aún no han completado el proceso, formando una comisión interna para asistirlos en la presentación de sus declaraciones juradas. Pacheco señaló que la Cámara Baja ha estado trabajando durante el fin de semana y continuará brindando asistencia hasta que todos los diputados, incluidos aquellos del periodo anterior, hayan presentado su declaración.

«Todo el fin de semana estuvimos trabajando y vamos a continuar hasta que quede un diputado o diputada del período pasado. Nosotros vamos a estar en ese proceso de ayuda para que podamos resolver eso», aseguró Pacheco, destacando el compromiso de la Cámara de Diputados con la transparencia.