Controversia por uso de fondos del IDOPPRIL: jurista denuncia violación de la ley en resolución del CNSS

Santo Domingo, 11 sept.– El Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) ha desatado una fuerte polémica tras aprobar una resolución que autoriza el traspaso de RD$12,500 millones en excedentes de las reservas técnicas del Seguro de Riesgos Laborales (SRL) para financiar distintos componentes del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), incluyendo al Servicio Nacional de Salud (Senasa).

Para el jurista Olivo Rodríguez Huertas, la medida constituye una “violación flagrante” de los principios legales que rigen el uso de esos recursos.

Según la disposición oficial, los fondos serán distribuidos de la siguiente manera: RD$6,000 millones se destinarán a la protección en salud a través del Senasa; RD$5,000 millones irán al Fondo de la Cuenta del Cuidado de Salud del Régimen Contributivo; y RD$1,500 millones serán utilizados para subsidios por enfermedad común, lactancia y maternidad.

Rodríguez Huertas, exembajador y reconocido experto en derecho público, sostiene que la medida desconoce la legalidad vigente, particularmente la Ley 397-19, que regula el funcionamiento del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL).

“Los recursos del IDOPPRIL tienen una destinación específica: cubrir gastos administrativos, prestaciones de salud y prestaciones económicas para la protección laboral”, advirtió.

Precedente legal y advertencia de ilegalidad

El jurista recordó que en 2006 ya se intentó una acción similar con fondos del seguro de riesgos laborales, la cual fue finalmente revocada por violar la normativa aplicable. En esta ocasión, asegura, se repite el patrón, pero con consecuencias más graves, ya que la resolución actual se utiliza para paliar lo que describió como el “desastre financiero” del Senasa.

En su análisis, Rodríguez Huertas señaló que las demás partidas de la distribución financiera aprobada por el CNSS parecen estar diseñadas como una estrategia de incentivo para lograr el apoyo de los diferentes sectores representados en el sistema tripartito de la seguridad social.

Principio de especialidad y uso indebido de recursos públicos

Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento del jurista gira en torno al principio de especialidad del derecho administrativo. Rodríguez Huertas explicó que este principio impide que entidades públicas destinen sus recursos a fines ajenos a los de su misión institucional.

“La actividad del establecimiento está limitada al servicio público que tiene por misión administrar, y no puede emplear su patrimonio en otros fines”, citó, refiriéndose a la doctrina del jurista francés De Laubadére, una de las referencias clásicas en la materia.

Rodríguez Huertas fue enfático en afirmar que, aunque no se opone a que se busquen soluciones a los problemas financieros del Senasa, estos no deben realizarse en contravención a la ley. A su juicio, la situación deficitaria de Senasa responde principalmente a una “deficiente gestión administrativa” que no puede ser compensada utilizando fondos destinados para otro propósito.

Recomendaciones y advertencias legales

En ese sentido, el jurista recomendó la suspensión inmediata de la aplicación de la resolución aprobada por el CNSS. Propuso que el Consejo Nacional de la Seguridad Social solicite al Poder Ejecutivo una enmienda al proyecto de ley de modificación presupuestaria actualmente en curso en el Congreso Nacional.

Esta enmienda permitiría la reasignación parcial y legal de los fondos del IDOPPRIL, pero dentro del marco de la ley y con autorización legislativa.

Además, Rodríguez Huertas recordó que la Ley 397-19, en su artículo 23, establece sanciones severas para los miembros del CNSS que aprueben decisiones contrarias a la normativa vigente. Las penalidades incluyen la responsabilidad solidaria por daños económicos al sistema, indemnizaciones e incluso penas de prisión que oscilan entre uno y cinco años, dependiendo de la gravedad de la infracción.

“Los responsables de esta decisión podrían enfrentar consecuencias legales significativas si se comprueba que actuaron en violación de la ley”, advirtió.

Un debate que apenas comienza

La resolución del CNSS ha generado preocupación en amplios sectores de la sociedad, especialmente entre expertos en derecho administrativo, actores del sistema de salud y organizaciones de trabajadores, quienes temen que esta práctica pueda sentar un precedente peligroso para el uso discrecional de fondos públicos.

Hasta el momento, el CNSS no ha emitido un pronunciamiento adicional que responda a las críticas planteadas por el jurista, ni se ha informado si se procederá con una revisión del uso de los fondos tal como fue aprobado.