Controversias y consensos en la modificación del Código Penal en República Dominicana
Santo Domingo, 16 de julio – Esta semana inició con una vista pública en la Cámara de Diputados de la República Dominicana, donde cientos de ciudadanos y representantes de diversas organizaciones presentaron sus observaciones respecto a los tres proyectos de modificación del Código Penal.
Aunque las principales variaciones coinciden en algunos artículos como el 14, 123 y 185, el tema de la interrupción del embarazo sigue siendo una cuestión divisiva en la sociedad dominicana.
Desde movimientos políticos y sociales hasta profesionales de la salud, el debate en la cámara baja ha sido intenso y polarizado. Por un lado, algunos sectores consideran necesaria la despenalización del aborto en casos excepcionales, mientras que otros sectores ven esta medida como un atentado contra la vida y la moral.
La activista social Natalia Mármol ha sido una de las voces más críticas hacia la propuesta aprobada en dos lecturas por el Senado y favorecida en una discusión por los diputados. Mármol calificó la propuesta como “una legislación criminal” y afirmó que «este Código Penal desprotege a las familias, excluyendo las tres causales, sin las cuales la vida de las mujeres corre peligro. Negar las tres causales es permitir que las mujeres continúen muriendo».
En el lado opuesto del debate, se encuentran aquellos que se identifican como provida, como el ginecólogo Jael Omar Salcedo. Salcedo argumentó que las principales causas del fallecimiento de las madres durante el embarazo son otras condiciones de salud y no la falta de despenalización del aborto.
En su intervención ante la comisión especial de diputados, preguntó retóricamente: “¿Quién les ha dicho a ustedes que son Dios para decidir sobre la vida de un ser humano?”. Salcedo instó a los legisladores a aprobar las piezas del Código Penal sin la inclusión de las tres causales.
En contraste con el divisivo tema del aborto, hubo consenso en cuanto a la persecución de los actores judiciales involucrados en delitos de corrupción administrativa. La ciudadanía en su mayoría está convencida de que el artículo 328 del marco penal debe ser modificado para que los delitos de corrupción sean imprescriptibles.
Esta medida busca garantizar que ningún caso de corrupción “quede impune a través del tiempo”. Participación Ciudadana (PC), representada por su coordinador Erick Machado, también respaldó esta modificación.
Otra área de controversia es el artículo 14, que otorga exoneración de responsabilidad penal al Estado dominicano y otras entidades. Este artículo generó rechazo debido a preocupaciones de que podría ser utilizado por narcotraficantes y organizaciones criminales para el lavado de dinero y otros delitos.
La comisión especial tiene hasta mañana para completar su informe, disponiendo solo de un día para depurar las observaciones de la sociedad y acoger las que consideren pertinentes.
El bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo ha solicitado una extensión del plazo para el estudio de las tres piezas, moción que debe ser acogida por los demás representantes durante la sesión.
Los diputados tienen solo nueve días para aprobar la propuesta del Código Penal en esta legislatura, ya que el 25 de julio la Cámara cesará sus labores para prepararse para recibir el 16 de agosto a los legisladores electos y reelectos. Ninguna de las piezas conocidas en la cámara baja perecerá en la próxima legislatura.
El diputado Eugenio Cedeño, quien inicialmente no fue incluido en los miembros de la comisión especial, confirmó su inclusión en la misma momentos antes de iniciar la vista pública. Cedeño explicó que esta decisión fue tomada de manera unánime por la comisión coordinadora, encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y voceros de las distintas organizaciones políticas.
“Gracias a Dios, la comisión coordinadora acordó a unanimidad incluirnos en la comisión especial que estudia el Código Penal”, comentó Cedeño, valorando positivamente su adición a la delegación y destacando su participación constante en las discusiones de un nuevo Código Penal en años anteriores.
