Corrupción en Senasa: red interna habría desviado miles de millones en servicios médicos ficticios
Por la Redacción
Santo Domingo, 9 Diciembre. – El Ministerio Público de la República Dominicana desató el pasado fin de semana una operación anticorrupción de gran escala denominada “Operación Cobra”, que involucra una supuesta red estructurada dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa), acusada de sustraer cuantiosos fondos públicos mediante un esquema de sobornos, contrataciones irregulares y facturación fraudulenta de servicios médicos.
Como resultado de la investigación, fueron arrestadas diez personas, entre ellas Santiago Hazim Albainy, exdirector de la institución, quien encabezaría, según el expediente, un entramado que operó entre 2020 y 2025, y que habría manipulado los procesos de contratación de servicios de salud en beneficio de prestadores afines, allegados políticos y supuestos colaboradores de campañas.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, depositada el martes por el órgano persecutor, Hazim Albainy creó un Comité de Contrataciones Médicas de forma unilateral y sin base legal al asumir la dirección ejecutiva del Senasa.
Esta instancia habría reemplazado los canales formales establecidos para la evaluación de prestadores, centralizando las decisiones en un reducido grupo de funcionarios de su entorno inmediato, a quienes seleccionó por su cercanía personal y subordinación directa.
Entre ellos figuran Francisco Iván Minaya, Germán Robles, Roberto Canaán, Gustavo Guilamo y Carmen José Velázquez. Las acciones de este grupo, según el expediente, consistían en aprobar contratos para centros y médicos sin cumplir con los requisitos legales ni técnicos, valiéndose de justificaciones ajenas a los criterios clínicos, como contribuciones políticas o vínculos personales.
El Ministerio Público documenta que los beneficiarios de estos contratos fueron prestadores vinculados a sobornos, compromisos de campaña o relaciones de amistad con Hazim.
Las asistentes más cercanas del exdirector, Johana Fernández y Johanna Grullón, eran quienes presentaban ante el comité listas predeterminadas con los nombres de los prestadores que debían ser aprobados, acatando órdenes directas.
La maniobra se repetía en múltiples procesos: aprobaciones express, omisiones de evaluación, y firma de actas previamente consensuadas. El expediente destaca el rol de Germán Robles, consultor jurídico, quien imponía la aprobación de ciertos contratos, así como de Francisco Iván Minaya, quien dirigía las reuniones del comité, y Roberto Canaán, encargado de presionar la habilitación de centros sin la infraestructura mínima.
La supuesta red de corrupción no solo favorecía a proveedores, sino que también se enriquecía directamente con el desvío de recursos públicos. El Ministerio Público cita como evidencia una camioneta de lujo Lincoln Navigator, valorada en más de 6.7 millones de pesos, que Hazim habría recibido antes de ocupar el cargo, supuestamente entregada por el empresario José Pablo Ortiz Giráldez.
Este tipo de bienes, señala el documento, eran adquiridos como parte de un entramado de sobornos y ocultos bajo nombres de testaferros para evadir la persecución penal.
Además de las contrataciones irregulares, el MP denuncia una serie de prácticas fraudulentas en la facturación de servicios médicos, incluyendo hemodiálisis facturadas a personas fallecidas, aumento injustificado de sesiones de radioterapia y quimioterapia, procedimientos cardiovasculares innecesarios con reportes de lesiones ficticias, y la realización de endoscopias y colonoscopias en pacientes sin indicación médica.
acciones habrían permitido elevar artificialmente los pagos del Senasa a ciertos prestadores, generando un perjuicio económico que supera los quince mil millones de pesos, de acuerdo con los cálculos preliminares.
El expediente de más de 500 páginas detalla que los fondos públicos desviados eran utilizados para la adquisición de propiedades, vehículos, y creación de empresas pantalla, todo registrado a nombre de terceros.
Además del exdirector Hazim, el Ministerio Público señala como implicados a Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud; Ramón Alan Speakler Mateo, exempleado del Senasa; Eduardo Read Estrella, empresario propietario de la firma Khersun S.A.; Cinty Acosta Sención, gerente de Madison Medical; Ada Ledesma Ubiera, dueña de la distribuidora Lufarka; Rafael Martínez Hazim y Heidi Mariela Pineda.
La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva para los imputados y la declaración del proceso como complejo. Hazim fue arrestado tras presentarse voluntariamente ante las autoridades junto a su abogado, Miguel Valerio.
La gestión de Hazim al frente del Senasa inició en 2020 y concluyó en agosto de 2025, cuando fue sustituido por el doctor Edward Rafael Guzmán Padilla, mediante decreto presidencial.
La reacción pública no se hizo esperar. Partidos políticos como Fuerza del Pueblo respaldaron la investigación y exigieron que se llegue “hasta las últimas consecuencias”, recordando que desde 2021 habían advertido sobre irregularidades en Senasa.
El Gobierno, por su parte, instruyó a la institución a constituirse en actor civil en el proceso judicial, con el fin de recuperar los fondos malversados. Mientras tanto, el país observa con atención el desarrollo de este caso, considerado por expertos legales como uno de los mayores escándalos de corrupción en el ámbito sanitario de los últimos años.
La “Operación Cobra” expone, según las autoridades, cómo un sistema de salud destinado a proteger a la población vulnerable fue utilizado para beneficiar a una red de funcionarios y aliados, dejando una secuela de desconfianza, daño institucional y recursos vitales comprometidos.
La justicia tendrá ahora la responsabilidad de esclarecer los hechos, identificar a todos los responsables y garantizar que la salud pública no vuelva a ser instrumento de enriquecimiento ilícito.
