Corrupción global

Por CÁNDIDO GERÓN 

No existe un mejor atributo –escribe Robert D. Kaplan– que la humildad basada en una valoración precisa de sus propios límites, de la cual emana la astucia más aguda”. Séneca nos proporciona la lección de que nada es grande si no es al mismo tiempo tranquilo.

Por ello, volviendo a Madison, todo poder político asentado en la ira, se torna violento y tirano por naturaleza, porque desde el poder político, “la ambición debe estar hecha para contrarrestar la ambición”.

El buen gobernante es aquel despojado de excesos y vanidad. En ese orden, escribe Jaime Torre Bodet, el papel de un mandatario “no se concibe sin la conciencia de una responsabilidad insobornable. No es cierto –aclara– que cuando un gobernante deja el poder por cualquier circunstancia se abandona en los abismos de la angustia”. Si ha actuado bien, si siempre escuchó los dictámenes de su conciencia y la voz de su pueblo, siempre será admirado y exaltado y la historia le tendrá reservado el espacio que le corresponde por voluntad del mismo pueblo.

El ardid político en un gobernante está desprovisto de la conciencia social, de los valores que el mundo brinda para que los hombres y las mujeres sean mejores y distintos y descubran por sí solos una serie de verdades por descubrir, y entre las cuales, están las del poder político con tal de cumplir con su deber y el de respetar los derechos de los demás. El gobernante que recurre a la incuria y que se empeña en burlar la obligación para con su pueblo, se aparta de la legitimidad, de lo eficaz y práctico.

Plutarco nos enseña que mantener el poder mediante el terror, la violencia y la opresión no es sólo una desgracia sino también una injusticia. El absolutismo siempre carece de instrumentos legales. Un gobernante debe evitar por todos los medios el precio sórdido de la gloria.

En ese orden nos ofrece una galería de aquellos grandes hombres de Grecia y Roma que desarrollaron su concepción a favor de la ética moral y política y abogaba por un estado de igual para entender correctamente la noción de los que somos y no somos.

Durante muchos años, el entramado de la corrupción se ha convertido en la hacienda de numerosos gobernantes y funcionarios que no han tenido escrúpulos en el manejo de los recursos del Estado. Por ello es tan fundamental la ética en cualquier proceso de la vida.

La ética pública, refieren los investigadores José Canales Aliende, Vicente J. Benito Gil y Rafael Aguilló Mateu, es una parte, de la ética general o común de las personas desde el principio de la humanidad y se diferencia de la moral y del derecho, aunque es complementaria y deudora de las aportaciones de estos.

Concuerdan en que la democracia y el buen gobierno necesitan el apoyo y las directrices de unos valores y entre ellos está sin duda la ética pública.

Partiendo de su análisis, la ética es, ante todo, una comunicación personal del deber ser, que implica unas decisiones y unos comportamientos conforme a los principios y valores de la misma. Sin perjuicio de esa dimensión personal apoyada y motivada por la socialización en esa materia; indiscutiblemente la formación y los códigos de conducta elaborados y aprobados, coadyuvan notable y eficazmente en su puesta en práctica. En el ámbito público la ética pública tendrá su propia especificidad y unas características propias, y afectará fundamentalmente a la clase política, a los profesionales del sector público y a los ciudadanos.

No cabe duda -postulan- que el contexto en que se vaya a desarrollar la aplicación de la ética pública, puede ser diferente, pero ello no obstaculiza ni impide la existencia de un marco genérico e inspirador de las decisiones y conductas de las distintas personas. En el caso de la ética pública, ese contexto es además público, es decir, afecta a la “res pública” y por tanto a toda la sociedad y a la ciudadanía, por lo que su existencia y desarrollo no es una cuestión baladí 1.

El análisis de estos reputados estudiosos de la ética, la moral, el poder y la corrupción, se ajusta a la realidad dominicana, debido a que el tejido de la corrupción ha debilitado el desarrollo económico de la República Dominicana en las últimas décadas y el espíritu de la democracia. Las élites políticas y empresariales se han coaligado para tener el control de las riquezas del Estado.

Este esquema ha creado falencia en la mayoría de los dominicanos por los que han perdido la fe y la esperanza en los cambios que demanda el país de cara a un porvenir que encara la revolución tecnológica y digital, ofrece hoy en día menos oportunidades a los trabajadores y pone trabas a su idealismo y a su formación educativa y profesional.

Las prácticas corruptas se han convertido en una cultura y los gobernantes y funcionarios han perdido el temor al estigma popular puesto que, para ellos, lo más importante es el botín del erario. El carácter predominante en estos sujetos no es la preocupación por el bienestar de los grupos sociales sino por lo propio.

Tampoco le preocupa el castigo impuesto por la justicia, pues con los dineros robados al Estado pueden comprar jueces y periodistas; de modo que lo moral e individual están relegados a un segundo plano, cuando de corrupción se trata.

La corrupción, a nuestro entender, deriva del abuso de poder y la falta de valores éticos y morales en los gobernantes y funcionarios, todo un estilo o arquetipo que éstos convierten en adicción por dinero de la hacienda pública en la que muestran gran capacidad para obtenerlo y dilapidarlo sin importar la evidencia.

Es por esa razón que en su tiempo, el renombrado historiador y jurisconsulto Manuel Arturo Peña Batlle, escribió que “La causa que más directamente ha influido en el fracaso de la democracia en nuestra organización política, es la anarquía en que se ha mantenido la Hacienda Pública y la manifiesta incapacidad y la mala fe vituperable con los hombres de Estado dominicanos han manejado ese importante ramo de la Administración Pública”.

Por su parte, a decir de Martín Delezo, el coste económico de la corrupción en la contratación pública es enorme, comisiones, sobrecostes, etc. En el ámbito empresarial origina falsa competencia, pues las adjudicaciones dependen del soborno y no del producto o servicio que se ofrezca. En ese tenor, argumenta que el debate sobre la corrupción está en los medios, en las cafeterías, en las cenas familiares… puede que estemos ante la tormenta perfecta, ante la oportunidad de cambiar de una vez por todas el modelo de gobierno que hasta ha estado vigente. Se refiere, en este caso, a España.

Lo que sufrimos ahora -puntualiza- es un sistema de contratación pública que no funciona, personas que en un principio serían honestas, cometen irregularidades debido a la percepción que tienen de corrupción generalizada, y personas que en un principio denunciarían las irregularidades no lo hacen, debido en este caso a la tolerancia a la que se ha llegado fruto de ver cómo algo normal la corrupción.

Explica Delezo que esto nos lleva al escenario común de la mayoría de organismos públicos de España, que es el de que un grupo reducido de empresas a las que se les contrata todo. Sintetizando que no es casualidad que las empresas españolas sean de las que menos participan en la contratación pública de toda Europa y que hasta las empresas extranjeras lo suelen tener muy claro, pues saben que para contratar con el Sector Público español deben destinar un porcentaje de gastos en concepto de comisiones a políticos y funcionarios y el escenario de las empresas públicas y mixtas no es el mejor, pues todos sabemos que funcionan como agencias de colocación, donde los amigos de los políticos consiguen un buen sueldo a cambio de seguir sus indicaciones 4.

En cuanto a España, es importante tomar como referencia el estudio que hace Alberto Lardiés, con relación al Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular y las élites que representan el poder fáctico y que para el autor son los que forman castas, tramas, sistemas y regímenes en esa nación europea.

Desde su punto de vista, todos los caminos llevan al Palacio de La Zarzuela y desde allí, los Borbones reinan hace 43 años gracias a los designios del dictador Francisco Franco, primero, a la audacia de Juan Carlos I y Adolfo Suárez, después, y a la anuencia y complicidad del PSOE y el PP, por último. Analiza que los dos partidos citados que han gobernado España durante los últimos 36 años alternándose en La Moncloa son los principales garantes del sistema político surgido de la Transición. Revela que no son los únicos, sino que están conectados con otros poderes fácticos que cogobiernan en la sombra y cita a las élites políticas, económicas, mediáticas y judiciales que se socorren entre sí con el único objetivo de mantener sus privilegios mientras arguyen, por supuesto que actúan por el bien de la democracia 1.

El reconocido periodista investigador Lardiés, pone de ejemplo en su libro La democracia Borbónica. Cómo las élites se reparten el poder y el botín, el caso de las cintas de Corinna, creando un escándalo en su condición de testigo de cargo sobre los presuntos delitos que habría cometido el rey emérito, tanto durante su etapa en el trono como después, los cuales no sirvieron de nada.

Habla del Banco Santander, BBVA, PP, PSOE, El País y la Corona, en cuanto a que todos ellos aparezcan relacionados en una compleja, perniciosa, difusa y silenciada confluencia de sus intereses; de la amalgama de políticos, banqueros y empresarios que, unidos con la verdadera finalidad de que nada cambie, mueven los hilos del Poder (así con mayúsculas) en España; de sus relaciones ocultas; de los hacedores y sostenes de un sistema que permite que ellos y sus fines se enriquezcan o decidan en la sombra (o ambas cosas) mientras la mayoría de ciudadanos padece, aun sin saberlo, sus decisiones y paga la factura a final de mes.

Destaca que una de las bases, acaso la principal, está en los insultantes privilegios de que goza la clase política española, de los usos y abusos de la célebre partidocracia, especialmente de PP y PSOE, que no disminuyen con el paso del tiempo; así lo demuestran los enchufismos en la Administración y otros tratos de favor en universidades.

Refiere que no pocos analistas han hablado de “casta parasitaria” durante años, si bien el término llegó al común de los ciudadanos y se popularizó entre ellos gracias a la irrupción de Podemos en 2014, amplía su análisis al enfatizar que, en medio de una crisis financiera sin precedentes, el partido liderado por Pablo Iglesias denunciaba los privilegios de “la casta” frente a las dificultades de “la gente”.

Fuente Acento