Crece la presión judicial en torno al caso Jet Set: testigo clave presenta pruebas contra los propietarios
Santo Domingo, 11 de junio. – El Ministerio Público ha interrogado a Gregory Adamés, empleado y testigo clave en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, quien también figura como víctima del colapso ocurrido el pasado 8 de abril.
Durante su comparecencia, Adamés entregó evidencias que, según su defensa, comprometen la responsabilidad civil y penal de los propietarios del establecimiento.
Acompañado por sus abogados, Luis Andrés Aybar y Plinio Piña, Adamés acudió a la Procuraduría General de la República, donde fue interrogado por fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, bajo la coordinación de Wilson Camacho.
El testigo presentó una querella con constitución en actor civil contra Antonio Espaillat López, su madre Ana Grecia López, así como contra la empresa Inversiones E y L y el Club Jet Set. Entre las pruebas depositadas figura un teléfono móvil que contiene videos y conversaciones en las que Adamés habría advertido directamente a Espaillat sobre el riesgo inminente de derrumbe del techo, solicitando la cancelación del evento.
Según estas comunicaciones, a pesar de que Adamés alertó que el techo mostraba señales de colapso y que el lugar no reunía las condiciones mínimas para el espectáculo, Espaillat habría ordenado continuar con la fiesta, la cual fue animada por el merenguero Rubby Pérez.
El trágico evento culminó con la muerte del artista y de unas 235 personas, además de dejar a 180 heridos, incluido el propio Gregory Adamés, quien era el encargado de la logística y reservas del local.
Más denuncias y cuestionamientos al Estado
Las acciones legales contra los propietarios de la discoteca han aumentado. Solo este martes, se sumaron querellas y denuncias que elevan a 68 el total de procesos registrados en la Fiscalía del Distrito Nacional.
Algunas de estas acciones también responsabilizan al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), acusándolos de negligencia en su deber de fiscalización y supervisión en materia de seguridad estructural.
Los cargos incluyen homicidio involuntario y negligencia grave, sustentados en informes preliminares que apuntan a fallos estructurales y la instalación de equipo pesado en el techo como causas del colapso.
Los denunciantes sostienen que es imperativo que el Ministerio Público inicie una investigación penal contra Antonio Espaillat, comenzando con su citación formal. Alegan que la inacción actual contribuye al descrédito del sistema de justicia dominicano, ya que hasta la fecha no se ha producido ni una sola diligencia investigativa directa contra el empresario señalado.
