CREES advierte que alta carga tributaria e informalidad frenan desarrollo de las mipymes ante reto de la factura electrónica
Santo Domingo, 13 Feb. – El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) advirtió que los impuestos constituyen el principal obstáculo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la República Dominicana, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de las MIPYMES 2022-2023, realizada por el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
Más de un quinto de las empresas consultadas identificó el pago de impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como el mayor obstáculo administrativo que enfrentan, conforme a los datos citados por el CREES.
El CREES señala que estos resultados son consistentes con los publicados por el Banco Mundial en el Memorándum Económico de la República Dominicana 2023, donde el 25 % de las empresas formales indicó que la carga impositiva representa su principal traba para el desarrollo, reafirmando así la percepción de que el sistema tributario constituye una limitante estructural para la actividad empresarial.
De acuerdo con los datos analizados por el CREES, al momento de levantarse la encuesta solo el 14.8 % de las mipymes operaban de manera formal, lo que implica que alrededor del 85 % se mantenía en la informalidad.
Este porcentaje corresponde a un universo aproximado de 404 mil empresas en ese período, lo que evidencia la magnitud del desafío en términos de formalización empresarial.
El CREES plantea que las respuestas ofrecidas en las encuestas del Banco Central y el MICM, así como en la utilizada por el Banco Mundial, apuntan de forma clara a la tributación como factor determinante de la baja formalización.
Sin embargo, también identifica otras limitantes que inciden en el desarrollo de este segmento empresarial.
Entre los principales obstáculos adicionales, el CREES destaca el alto costo y las deficiencias del servicio de energía eléctrica, señalado como el segundo problema más relevante por las empresas.
Asimismo, subraya que la permisología figura como una de las principales trabas para la actividad productiva. Los permisos sanitarios emitidos por el Ministerio de Salud Pública, incluyendo registros y licencias, afectan a una proporción significativa de empresas, tanto mipymes como grandes compañías, de acuerdo con el análisis del CREES.
A esto se suman los permisos de construcción y otras autorizaciones administrativas.
El CREES sostiene que la administración de múltiples tipos de permisos se ha convertido en un obstáculo para la creación de nuevos negocios y para la mejora del clima empresarial, lo que termina afectando las inversiones y el desarrollo económico.
La entidad enfatiza que la generación de valor a través de mayores procesos productivos e innovación requiere flexibilidad regulatoria.
En ese sentido, considera inaceptable que los emprendedores enfrenten un sistema de permisos que califica de obsoleto, y propone simplificar la permisología mediante la eliminación de requisitos redundantes y la agilización transparente de los trámites, incluso aplicando el principio de silencio administrativo cuando corresponda.
Otro de los obstáculos señalados por el CREES es la dificultad para abrir cuentas bancarias, mencionada por los encuestados. No obstante, indica que, según datos de la Superintendencia de Bancos, muchas mipymes sí tienen acceso al crédito.
Bajo el criterio de clasificación de la SIB —que difiere del utilizado en la encuesta del Banco Central y el MICM— las mipymes representaban alrededor del 46 % del crédito comercial en el primer trimestre de 2025.
Sin embargo, el CREES advierte que este segmento empresarial enfrenta condiciones de financiamiento más costosas. Según los mismos datos de la SIB, las mipymes pagan en promedio tasas de interés hasta cuatro puntos porcentuales superiores al resto de los tomadores de crédito.
En ese período, el financiamiento a este grupo resultaba 40 % más alto medido por la tasa promedio de sus préstamos, lo cual se relaciona con su mayor nivel de riesgo.
La tasa de morosidad de las mipymes era aproximadamente 6.6 veces superior a la del resto de los deudores, y dentro del propio segmento existían diferencias significativas, ya que las microempresas registraban una morosidad 6.4 veces mayor que la de las medianas empresas.
El CREES indica que esta realidad coincide con los resultados de la encuesta del Banco Central y el MICM, donde el 31.1 % de las razones por las cuales las mipymes no acceden al endeudamiento formal se concentran en tres factores: considerar que no serían sujetos de crédito, estimar que no podrían pagar las deudas y percibir que los intereses y comisiones son demasiado altos.
En este contexto, el CREES advierte que en mayo de este año entrará en vigencia un elemento que impactará especialmente a las micro y pequeñas empresas: la obligatoriedad de la factura electrónica, salvo que se otorgue una prórroga.
Hasta el 5 de febrero, solo 24,312 emisores electrónicos estaban registrados ante la DGII, pese a que en 2024 existían 275,950 empresas registradas como contribuyentes activos, de las cuales el 58 % eran personas jurídicas y el resto personas físicas, según datos citados por el CREES.
La entidad considera que, si estas cifras se aproximan a la realidad reflejada en la encuesta del Banco Central y el MICM, el reto para la administración tributaria es considerable, ya que una parte importante de las empresas aún no se ha incorporado al sistema de facturación electrónica.
Con una percepción de alta carga tributaria entre los empresarios, especialmente en el segmento de mipymes que representa la mayoría de los contribuyentes pendientes de adaptación, el desafío es significativo.
El CREES advierte que experiencias en otros países de América Latina muestran que algunas empresas han optado por cerrar antes que someterse a sistemas tributarios que consideran excesivamente onerosos, lo que refuerza la necesidad de reformas estructurales que mejoren el clima de negocios en la República Dominicana.
Finalmente, el CREES sostiene que los retos que enfrentan las mipymes y su elevada propensión a la informalidad subrayan la urgencia de impulsar reformas estructurales que permitan a todas las empresas, sin importar su tamaño, operar en un entorno más competitivo y favorable.
A juicio de la entidad, las cifras de crecimiento económico obligan a mirar hacia adentro y a no atribuir exclusivamente a factores externos el bajo desempeño estructural, sino a abordar las limitaciones internas que afectan la productividad y el desarrollo empresarial.

