CREES advierte sobre defectos estructurales en la gestión de empresas públicas como EDE y SENASA
Santo Domingo, 18 julio. – Las empresas públicas en República Dominicana, como las distribuidoras de electricidad (EDE) y el Servicio Nacional de Salud (SENASA), comparten una característica estructural que compromete su eficiencia operativa: su respaldo financiero está garantizado por el Estado, lo que elimina incentivos para una administración orientada a la eficiencia y sostenibilidad. Así lo expone un análisis del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).
Según el CREES, el Estado puede cubrir las pérdidas de estas entidades utilizando recursos provenientes de los contribuyentes a través de impuestos, endeudamiento o creación de dinero.
Esta realidad impide que las empresas públicas operen bajo criterios económicos de optimización de recursos escasos, ya que su provisión de servicios puede alcanzar niveles desproporcionados en relación con los costos reales del mercado.
El análisis indica que la administración de estas entidades está generalmente guiada por criterios políticos y no por principios técnicos o financieros. Incluso cuando se introducen gestiones con voluntad de cambio, estas tienden a ser temporales y terminan cediendo ante la naturaleza estructural del modelo público, sostiene el CREES.
En su papel como ciencia objetiva, la economía no formula juicios de valor, sino que se centra en la interpretación de hechos. En ese sentido, el CREES enfatiza que los economistas tienen la responsabilidad de advertir a la sociedad sobre las consecuencias de las intervenciones estatales, sin importar cuán bien intencionadas sean.
El informe presentado por el CREES incluye un gráfico que ilustra la siniestralidad de las aseguradoras de riesgos de salud (ARS), destacando que SENASA representa el 97 % de los casos cubiertos por las ARS públicas.
Esta situación contrasta con las privadas, donde las pérdidas son controladas para evitar deterioro en la calidad del servicio. En cambio, SENASA puede asumir mayores riesgos porque sus pérdidas son absorbidas por el Estado.
El análisis señala que esta misma lógica puede aplicarse a las pérdidas energéticas de las EDE, cuyas ineficiencias también son cubiertas con recursos fiscales y deuda pública, lo que genera una carga constante sobre las finanzas del Estado, según el CREES.
Respecto a SENASA, el informe considera que el precio o tarifa per cápita es regulado y fijado mediante resoluciones dentro del marco de la Ley 87-01 de Seguridad Social, lo cual genera distorsiones entre la oferta y la demanda de servicios. El CREES sugiere que esta ley requiere una reforma que elimine esas distorsiones estructurales.
Aunque se actualice la cápita del sistema contributivo para cumplir con lo establecido en la legislación vigente, las distorsiones del modelo persistirán. En el caso de SENASA, su funcionamiento continuará respondiendo a la lógica de que cualquier déficit será cubierto por el Estado, lo cual perpetúa un modelo donde las empresas públicas, por definición, no pueden quebrar, advierte el CREES.
