Crisis del tránsito en República Dominicana: Milton Morrison propone reformas para frenar los siniestros viales

Milton Morrison ante el Senado: Diagnóstico de la crisis vial

Santo Domingo, 20 marzo. – El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, compareció este jueves ante el Senado de la República para responder a cuestionamientos sobre la eficacia de los programas preventivos destinados a reducir los siniestros viales en el país.

Desde el inicio de su intervención, Morrison señaló que la seguridad vial en República Dominicana sigue enfrentando serios desafíos debido a dos factores fundamentales: la falta de educación vial y la debilidad del sistema de sanciones.

El funcionario explicó que en países desarrollados con sistemas viales efectivos, como España, el 75 % del respeto a las normas de tránsito proviene de un “régimen de consecuencia”, basado en la aplicación rigurosa de la ley, las multas y las detenciones.

Además, enfatizó que se debe cambiar la percepción sobre los incidentes viales, dejando de llamarlos «accidentes» para reconocerlos como «siniestros», ya que en muchos casos no son producto del azar, sino de conductas imprudentes como el consumo de alcohol o el exceso de velocidad.

Fallas en el sistema actual de fiscalización

Morrison fue contundente al afirmar que el actual régimen de consecuencias no es efectivo, ya que presenta fugas y limitaciones que impiden su aplicación.

Uno de los problemas principales que destacó es la falta de acción por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) para garantizar el cobro de multas impuestas a infractores del tránsito. Asimismo, denunció que muchas empresas no cumplen con los planes de seguridad vial corporativa, lo que agrava la crisis del tránsito en el país.

Otro aspecto crítico señalado fue la limitada capacidad operativa de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que carece de suficientes agentes y grúas para supervisar las calles y garantizar el cumplimiento de la ley. Actualmente, el parque vehicular dominicano supera los seis millones de unidades, y la Digesett no tiene los recursos para ejercer una fiscalización efectiva.

Propuestas de reformas a la Ley 63-17 y el Código Procesal Penal

Ante la falta de control y sanción en el tránsito, Morrison presentó ante los senadores una serie de modificaciones a la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como al Código Procesal Penal. Estas reformas buscan endurecer las sanciones y fortalecer la fiscalización de los infractores.

1. Declaración de Rebeldía (Artículo 295, Ley 63-17)

Se propone instaurar un procedimiento de rebeldía para que los conductores que no paguen sus multas en el tiempo establecido pierdan su licencia de conducir con la autorización de un juez.

Morrison subrayó que el sistema actual permite que los infractores reincidan sin mayores consecuencias. “Eso es un régimen de consecuencia, no lo que hay ahora que ponen una multa y la persona sigue cometiendo infracciones”, explicó.

2. Extensión de la prescripción de infracciones (Artículo 439, Código Procesal Penal)

Se plantea ampliar el período de prescripción de las infracciones de tránsito de uno a cinco años. Morrison argumentó que en el sistema actual muchas infracciones quedan impunes porque prescriben en apenas un año, lo que impide una aplicación efectiva de la justicia.

3. Mayor fiscalización del transporte de carga (Artículo 295, Ley 63-17)

Se propone endurecer las sanciones para los vehículos de carga que excedan los límites de peso y dimensiones permitidas. Según Morrison, la sobrecarga es una de las principales causas de fallas en los frenos y accidentes graves en las carreteras.

4. Retención de vehículos por infracciones graves (Ley 63-17)

Para conductores que se estacionen indebidamente o manejen bajo los efectos del alcohol, se propone la retención del vehículo, con la obligación de pagar los costos de remoción de la grúa.

Morrison fue enfático al decir que los conductores irresponsables deben asumir los costos de sus acciones. “El que cree que es dueño de la calle y se estaciona en doble fila o maneja borracho, debe pagar por la remoción de su vehículo”, afirmó.

5. Pruebas de alcoholímetros en operativos nocturnos (Artículo 261, Ley 63-17)

Se plantea que la Policía Nacional sea habilitada para realizar pruebas de alcohol en conjunto con la Digesett en operativos nocturnos en zonas de expendio de bebidas alcohólicas y lugares turísticos.

6. Establecimiento de límites de velocidad (Artículo 268, Ley 63-17)

Se propone establecer límites de velocidad acordes con estándares internacionales en calles, avenidas, túneles y elevados, con vigilancia permanente para su cumplimiento.

7. Penalización de carreras clandestinas (Artículos 251 y 303, Ley 63-17)

Se busca establecer penas de prisión de entre uno y dos años para quienes participen en carreras ilegales en la vía pública, con el objetivo de erradicar esta práctica peligrosa.

8. Incremento del presupuesto de la Digesett (Artículo 298, Ley 63-17)

Morrison señaló que en el Distrito Nacional solo hay 15 agentes de tránsito disponibles en horario nocturno para atender emergencias del 911, lo que es insuficiente. Propuso aumentar los recursos destinados a la Digesett para garantizar una mayor presencia de agentes en zonas de alta siniestralidad, días feriados y horarios nocturnos.

9. Sanciones más estrictas para motociclistas (Artículo 251, Ley 63-17)

Se plantea la imposición de multas sin excepciones para motociclistas que no usen casco, conduzcan sin licencia o tengan su documentación vencida.

10. Restricciones para conductores con multas pendientes (Artículo 294, Ley 63-17)

Se propone impedir la obtención de certificados de buena conducta, renovación de licencia y marbete a conductores que no hayan pagado sus multas. Morrison argumentó que quienes incumplen las normas de tránsito deben afrontar consecuencias legales y administrativas.

El debate sobre la presencia de agentes en intersecciones con semáforos

Uno de los temas que generó mayor controversia fue el planteamiento del senador de Monseñor Nouel, Héctor Acosta, quien cuestionó la presencia de agentes de la Digesett en intersecciones donde los semáforos funcionan correctamente.

El legislador preguntó: “¿Cómo es posible que si un semáforo está en perfecto funcionamiento, haya un agente dirigiendo el tránsito? Se debe quitar el semáforo o el agente”.

Morrison respondió que, antes de asumir su cargo, él mismo se hacía la misma pregunta. “Cuando un semáforo funciona, no se necesita intervención humana. El agente debe estar en intersecciones con problemas de tráfico o en zonas de alto congestionamiento”, afirmó.

Sin embargo, también explicó que la actual Ley 63-17 fragmentó la gestión del tránsito, separando la regulación, a cargo del Intrant, de la fiscalización, responsabilidad de la Digesett. “Lo ideal hubiera sido que la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) siguiera regulando y operando el tránsito. Ahora el Intrant regula, pero es otra entidad la que ejecuta”, comentó.