Críticas a la nueva obligación de declarar bienes para empleados con ingresos superiores a RD$624,329

Santo Domingo, 10 de octubre – La propuesta del gobierno de incluir una obligación para que los empleados con ingresos anuales superiores a los RD$624,329 presenten una declaración jurada de bienes ha generado críticas y preocupaciones por parte de expertos en temas tributarios.

Según Germania Montás, exsubdirectora de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), esta medida representa una duplicación innecesaria de información y podría generar costos adicionales tanto para los empleados como para la propia DGII.

En la actualidad, los empleadores ya están obligados a reportar los salarios y retenciones de sus empleados de manera mensual y anual mediante el formulario IR-3, por lo que la nueva medida añadida en el marco de la «Ley de Modernización Fiscal» sería redundante, según Montás.

Un análisis sobre la propuesta

Germania Montás señaló que esta nueva obligación de declaración jurada sería innecesaria, dado que la información sobre los salarios ya se reporta periódicamente.

Montás explicó que actualmente los empleadores son los responsables de detallar los ingresos de los empleados ante la DGII, por lo que pedir a los trabajadores que repitan esta información es una carga adicional sin sentido práctico.

El proyecto de ley, presentado recientemente, establece que todos los trabajadores que superen el umbral de ingresos de RD$624,329 anuales deberán presentar una declaración jurada de sus bienes e ingresos una vez al año.

La medida busca incrementar la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas físicas, un área donde el país ha mostrado una baja recaudación en comparación con otros países.

El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente (conocido como Jochi Vicente), defendió esta disposición durante la presentación del proyecto de ley, argumentando que la tasa de recaudación de personas físicas en la República Dominicana es solo del 10 %, mientras que en los 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la media es del 24 %. Vicente destacó que aumentar la base de contribuyentes es crucial para mejorar los ingresos fiscales del país.

Exenciones en la nueva ley

El proyecto de ley también incluye exenciones. La versión del texto presentada en la Cámara de Diputados indica que las personas físicas cuyos ingresos provengan únicamente de una relación de dependencia (empleados formales) y no superen el límite establecido, estarán exentas de presentar esta declaración jurada.

«Las personas físicas cuya única fuente de ingresos sea su trabajo y no reciban ningún otro tipo de renta gravable quedan eximidas de la obligación de presentar la declaración jurada», señala la propuesta, lo que busca aliviar a quienes no alcanzan el umbral de ingresos anuales.

La perspectiva de los ingresos adicionales

Montás subrayó que ya existe la obligación de que los empleados declaren cualquier ingreso adicional que no esté sujeto a retención por parte de sus empleadores. Es decir, cualquier ingreso proveniente de otros trabajos o actividades económicas debe ser reportado directamente por el trabajador. Sin embargo, la experta indicó que el problema no radica en la falta de declaración, sino en la falta de mecanismos eficientes para controlar los ingresos no sujetos a retención.

«Si lo que se quiere es conocer los ingresos adicionales de los empleados, la solución no es exigirles que presenten una declaración jurada de bienes. En lugar de eso, se deben crear mecanismos eficientes que permitan obtener esta información de manera automatizada y determinar el impuesto cuando alguien no cumpla con su obligación», explicó Montás.

Alternativas más simples

Montás también destacó que si el objetivo del gobierno es garantizar que los trabajadores que reciben ingresos adicionales alcancen las tasas de ISR más altas, existen otras maneras de hacerlo. Un ejemplo sería cruzar la información de los distintos empleadores o fuentes de ingreso para asegurar que se paguen los impuestos correspondientes.

«Exigir la declaración jurada a todos los empleados solo generaría más costos tanto para el trabajador como para la administración tributaria», agregó Montás. Esto implicaría monitorear a miles de empleados que probablemente ya han cumplido con sus obligaciones fiscales mediante las retenciones de sus empleadores, sin generar una mayor recaudación efectiva.

El verdadero foco: los ingresos no declarados

Montás hizo hincapié en que el foco del gobierno no debería ser los empleados con salarios fijos, sino aquellos que prestan servicios de manera independiente y no declaran sus ingresos porque no trabajan para empresas formalmente constituidas. Para estos casos, se necesitan mecanismos que permitan obtener información de terceros y mejorar la fiscalización.

Este grupo incluye a profesionales independientes, quienes, bajo las disposiciones actuales, deben estar sujetos a retención del 15 % en lugar del 10 % sobre los honorarios y pagos recibidos por servicios. El proyecto de ley propone mantener esta retención para asegurar que estos ingresos sean reportados y gravados correctamente.

Impacto en los profesionales independientes

La ley también afecta a los profesionales independientes que brindan servicios por cuenta propia. Según las normas actuales, el cliente o empresa que contrata sus servicios debe retenerles el 15 % de los pagos realizados. Este cambio en la retención, que antes era del 10 %, busca mejorar la recaudación en este sector.

El nuevo proyecto de ley establece que esta retención se aplicará sobre «honorarios, comisiones y demás remuneraciones por la prestación de servicios en general provistos por personas físicas no ejecutados en relación de dependencia». Es decir, se trata de aquellos ingresos obtenidos fuera de un contrato laboral tradicional, como ocurre con médicos, abogados, arquitectos y otros profesionales que trabajan por cuenta propia.

Con datos de Diario Libre