Críticas contundentes contra la Ley DNI por posibles violaciones constitucionales
Santo Domingo, 18 de enero – Diversas instituciones y personalidades, entre ellas el Colegio Dominicano de Periodistas, el Consejo Nacional de la Unidad Evangélica (Codue), el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) y el abogado Cándido Simón, han expresado su rechazo a la Ley 1-24, que establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Consideran que dicha legislación contiene disposiciones que podrían contravenir la Constitución de la República Dominicana.
Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), argumenta que la ley infringe la Carta Magna al obligar a los ciudadanos a proporcionar información requerida por los oficiales de la DNI, incluso en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional. Henríquez destaca que esta disposición entra en conflicto con el artículo 49 de la Constitución, que garantiza el derecho a la reserva de fuentes informativas para los periodistas.
El artículo 11 de la ley, que establece la obligación de entidades públicas y privadas de permitir a la DNI recolectar información de carácter público en sus bases de datos, también es señalado como inconstitucional. Henríquez sostiene que esta disposición atenta contra la privacidad de los datos personales.
Cándido Simón, abogado, advierte que la nueva ley podría reinstaurar un Estado policial, romper con el secreto profesional y permitir al Presidente de la República vigilar a los ciudadanos sin necesidad de una orden judicial. Además, critica que la normativa imponga a empresas la obligación de proveer información, lo cual, según él, viola derechos constitucionales como la reserva de la fuente y la intimidad del cliente.
El Consejo Nacional de la Unidad Evangélica (Codue) se une a las críticas, argumentando que la ley limita y vulnera derechos fundamentales como la libertad, la privacidad y el secreto profesional. El presidente del Codue, pastor Feliciano Lacen Custodio, lamenta que esta legislación surja después de avances en la protección de derechos en los últimos 12 años.
Por su parte, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) exige la modificación de la ley, destacando la oposición a los artículos 9, 11 y 26. Gabriel Sánchez, coordinador nacional del Falpo, considera que la ley otorga nuevas competencias a la DNI que afectan derechos fundamentales y coartan la libertad, calificándola como «ilegal, antidemocrática y peligrosa». El artículo 11, que impone sanciones por negarse a proporcionar información a la DNI, y el artículo 9, que podría permitir interceptaciones telefónicas sin orden judicial, son señalados como particularmente preocupantes. Además, el artículo 26 es cuestionado por su posible impacto en la libertad de prensa y el secreto profesional.
