Cuando la fuerza sustituye al derecho
Por Juan Temístocles Montás
Blas Moreno, codirector y editor jefe de El Orden Mundial, uno de los medios de análisis internacional más influyentes en lengua española, resumió con crudeza el significado del ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela: “Del ataque de ayer surge una certeza: el mundo en el que vivimos ya no es el que conocíamos”.
Para Moreno, lo ocurrido en la madrugada del 3 de enero es histórico porque simboliza la destrucción del sistema internacional vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos —señala— nunca respetó de forma plena la soberanía de los Estados, el derecho internacional o el multilateralismo, pero al menos fingía creer en ellos y procuraba que el resto del mundo hiciera lo mismo. Ese consenso mínimo, aunque cínico e imperfecto, hacía el sistema un poco más previsible y menos peligroso.
Lo sucedido en Venezuela indica algo distinto y más inquietante: “Si ni siquiera la primera potencia del mundo, el país que creó este sistema, cree ya en él, hemos entrado en una nueva era. Más peligrosa y violenta, movida por la fuerza y no por las reglas, con un Estados Unidos debilitado y agresivo”.
Moreno remata su advertencia con una cita clásica de Tucídides: “Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”.
El ataque militar estadounidense a Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro no representan un episodio más de presión diplomática ni un gesto excepcional de política exterior. Señalan un quiebre de umbral: el momento en que la fuerza reemplaza abiertamente al derecho como instrumento de “justicia” internacional en América Latina.
No se trata de simpatías ideológicas ni de defender liderazgos cuestionados. Se trata de algo más elemental y, por eso mismo, más grave: la legalidad internacional. Bombardear un país y capturar a su jefe de Estado sin mandato multilateral equivale a declarar que la soberanía es condicional y que las reglas solo rigen cuando convienen al poderoso. Ese precedente no distingue entre gobiernos autoritarios o democráticos: amenaza a todos.
Los países de América Latina y el Caribe han vivido durante décadas bajo presiones, sanciones, bloqueos y operaciones encubiertas. Pero una intervención militar directa marca otra cosa. Marca la normalización de una doctrina según la cual acusaciones unilaterales bastan para cruzar fronteras con bombas y esposas. Eso no es Estado de derecho; es excepcionalísimo armado.
Este giro se inscribe en la nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense, impulsada por el gobierno de Donald Trump, que declara al hemisferio occidental como prioridad estratégica. En ese marco, América Latina vuelve a ser concebida como teatro de seguridad, no como comunidad de Estados soberanos. El problema no es solo Venezuela; es el precedente que se sienta para mañana.
Quienes celebran una acción así en nombre de “hacer justicia” deberían responder una pregunta básica: ¿Quién decide y con qué límites? Si una potencia puede bombardear y secuestrar a un jefe de Estado por su cuenta, ¿Qué impide que mañana lo haga con otro gobierno incómodo? ¿Qué queda entonces del sistema internacional basado en normas? La respuesta es inquietante: queda la ley del más fuerte.
Las consecuencias regionales serían inmediatas: fragmentación política, alineamientos forzados, militarización del Caribe y reducción drástica de los márgenes de autonomía de países medianos y pequeños. La historia es clara:
las intervenciones no resuelven crisis, las profundizan.
Basta mirar los casos de Haití, Irak o Libia para comprobar que la fuerza externa deja Estados más
frágiles, sociedades más rotas y conflictos más duraderos.
Desde una perspectiva progresista, la posición debe ser inequívoca y sin ambigüedades: defender la soberanía no es defender gobiernos, es defender el derecho internacional como límite al abuso de poder. Los delitos —si existen— no se persiguen con misiles ni con comandos especiales, sino con debido proceso, jurisdicciones competentes, independencia judicial y respeto irrestricto a los derechos humanos. Todo lo demás es barbarie revestida de discurso legal.
Las voces críticas que hoy advierten sobre este rumbo no están justificando a nadie: están advirtiendo. Saben que cuando el derecho se subordina a la fuerza, América Latina paga primero. Y saben también que aceptar hoy una intervención “excepcional” es invitar a la próxima.
