Cuatro acciones de inconstitucionalidad contra Ley de Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
Santo Domingo, 24 de enero – La Ley 1-24, que establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), enfrenta la presentación de cuatro acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Estas acciones están dirigidas específicamente contra los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27 y 29 de la mencionada ley, alegando posibles violaciones a derechos y principios constitucionales.
El Artículo 8, que establece la creación de la DNI bajo la dependencia del Presidente de la República, ha generado preocupación por atribuir poderes al presidente, considerando esto un riesgo para la democracia y los derechos constitucionales.
En relación con el Artículo 9, que detalla las atribuciones de la DNI, se argumenta que estas permiten acciones de inteligencia y contrainteligencia que podrían violar el derecho a la libertad y seguridad personal de los individuos.
El Artículo 10, que establece que las funciones de la DNI serán con apego al marco constitucional y legal y no serán supervisadas por el ministerio público ni por tribunales del país, ha generado inquietudes sobre la falta de supervisión externa.
El Artículo 11, que otorga a la DNI la capacidad de solicitar información a instituciones públicas y privadas sin necesidad de una orden judicial, ha sido señalado como una posible vulneración de derechos a la intimidad, privacidad y protección de datos personales.
En cuanto al Artículo 26, que establece sanciones para aquellos que oculten información requerida por la DNI, se argumenta que esto podría violar el derecho a la libertad de expresión e información.
Los Artículos 12, 13, 21, 22, 27 y 29 también han sido señalados como inconstitucionales sin detallar las razones, siendo estos relacionados con la dirección de la DNI, sus atribuciones, prohibiciones para el personal, fondos y actividades clasificadas.
Hasta la fecha, cuatro acciones de inconstitucionalidad han sido presentadas por Cirilo de Jesús Guzman López, a través de Guzmán & Guzmán Abogados, Carlos Peña del partido Generación de Servidores (Gens), Aybar Guzmán & Asociados, el Instituto de Capacitación y Formación Política, Jurídica y Social (Icap).
Además, se han sumado a estas acciones Acción Cristiana, Juventud con una Misión (Jucum), RD Inclusiva, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, Fumeji, Mayobanex Pepín, Mercedes Núñez y Carmen Orozco Martínez. La oposición alega que estos artículos vulneran derechos y principios constitucionales, generando un debate sobre la necesidad de revisar y ajustar la ley para garantizar su conformidad con la Constitución.
