Cuatro miembros de red de narcotráfico desmantelada en Operación Fantasma son enviados a juicio por mover más de RD$189 millones
SANTO DOMINGO, 23 julio . – A solicitud del Ministerio Público, el Juzgado de la Instrucción de Baní, provincia Peravia, dictó auto de apertura a juicio contra cuatro integrantes de una estructura criminal de narcotráfico y lavado de activos, desmantelada mediante la denominada Operación Fantasma, tras comprobarse que movieron más de 189 millones de pesos en operaciones ilícitas.
Los imputados que enfrentarán juicio son Erick Fulgencio Mota, Alan Joseph del Rosario, Apolinar Melo y Jennifer Sahira Villafaña Pujols, todos señalados como parte de una organización que, según la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Peravia, llegó a movilizar un total de RD$189,331,640.70, a través de transacciones ilícitas vinculadas al narcotráfico.
La acusación indica que la red estaba conformada por once personas físicas y dos jurídicas, de nacionalidades dominicana, holandesa, venezolana y arubeña, dedicada a introducir al país importantes cantidades de sustancias controladas por vía marítima.
En una de las principales incautaciones, realizada el 29 de abril de 2021, las autoridades confiscaron 35 sacos de nylon con 872 paquetes de cocaína clorhidratada, totalizando 892.21 kilogramos, identificados con el logotipo La Patrona. El contenido fue analizado y confirmado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
En una operación separada, en la residencia de Albertico Franklin Leyng y David Alberto Leug, fueron ocupados 26.4 kilogramos adicionales de cocaína. Cabe destacar que Leug permanece prófugo tras haberse evadido del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Baní.
En la audiencia preliminar, el juez excluyó el tipo penal de lavado de activos respecto a Albertico Leung, Isabel Báez, Francisco Javier García y la entidad Caribbean Sea Service, dictando un auto de no ha lugar, aunque esta decisión puede ser apelada por el Ministerio Público. En ese contexto, también fueron rechazadas varias intervenciones voluntarias por no presentar elementos probatorios suficientes.
Asimismo, el juez ordenó el cese de la medida de coerción contra Isabel Báez Alcántara, Francisco Javier García y Caribbean Sea Service, pero se mantuvieron las medidas impuestas a Erick Fulgencio Mota y Alan Joseph del Rosario, señalados como miembros activos de la red.
Varios miembros de esta organización criminal ya han sido condenados en procesos previos. En noviembre de 2024, el Tribunal Colegiado de Peravia sentenció a Jhon Braulio Acuña Chavarría a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos como multa, mientras que su esposa, Haydee Grabiela Hernández de Acuña, recibió 10 años de prisión y una multa equivalente a 200 salarios mínimos.
En junio de 2025, Ronny Anyolin Guerrero Reyes fue condenado a 8 años de prisión, mientras que su pareja, Carmen Magdalena Ramírez Pérez, recibió una pena de 5 años de prisión suspendida, condicionada al cumplimiento de medidas específicas. Ambos estaban vinculados al lavado de activos mediante la fachada de la empresa Nuevo Orden Rent Car, la cual fue disuelta por orden judicial.
En el marco de estos procesos, las autoridades también decomisaron siete vehículos de alta gama, tres pistolas, aparatos electrónicos, prendas, relojes de lujo y dinero en efectivo, elementos vinculados a los bienes generados por la actividad criminal.
En total, los movimientos financieros atribuibles a miembros de la red incluyen más de RD$54.2 millones y US$19,881 dólares, canalizados principalmente por Ronny Guerrero.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Antilavado, junto al fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, resaltaron la solidez de la acusación y reafirmaron que el Ministerio Público se encuentra preparado para apelar las decisiones que correspondan en función del desarrollo del proceso.
El equipo de litigación estuvo integrado por los fiscales Pedro Medina Quezada y José Calzado, quienes representaron al órgano acusador en la audiencia preliminar. Con este avance judicial, el Ministerio Público reafirma su compromiso de llevar a la justicia a todos los involucrados en redes criminales que afectan la seguridad y la economía del país.
