Cuatro sonados casos de corrupción se caen en los tribunales por falta de pruebas
Santo Domingo, 10 sept – Al menos cuatro sonados casos por corrupción sustentados por el Ministerio Público no han logrado condenas en los tribunales de República Dominicana en la presente gestión de la Procuradora General Miriam Germán, destacan medios de prensa locales.
Los casos de los sobornos de Odebrecht, Super Tucanos, Los Tres Brazos y ahora el de Manuel Rivas acusado de corrupción en la OMSA hacen llegar a la conclusión de que al Ministerio Público no le ha ido muy bien en los procesos llevados a los tribunales.
Y una muestra de esto es que, de los tres acusados por corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), que provocó la muerte del abogado Yuniol Ramírez, solo uno fue condenado y a una pena muy inferior a la que habían solicitado.
No hubo suficientes pruebas para que Manuel Rivas, exdirector de la entidad gubernamental, y Argenis Contreras, quien fungía como encargado de Compras y Contrataciones, fueran condenados por este hecho.
Así lo estableció el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional al descargar a los acusados, debido a que el Ministerio Público no presentó suficientes pruebas de que cometieron actos ilícitos. Contreras, por otro lado, sí fue condenado a 20 años de prisión por el homicidio del jurista Ramírez.
El órgano acusador pedía que Rivas fuera sentenciado a 20 años de cárcel, y Contreras a 30.
El que fue condenado por corrupción fue Faustino Rivas, exfinanciero de la OMSA, quien fue hallado culpable del delito de funcionario mezclado en asuntos incompatibles con su función.
Fue sentenciado a un año de prisión (que ya cumplió cuando estuvo en prisión preventiva) y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. Contra este, el Ministerio Público había pedido una pena de 20 años de cárcel.
Al dar a conocer su fallo, la madrugada del viernes, las juezas Claribel Nivar, Yissel Soto y Clara Castillo, indicaron que, de acuerdo a las pruebas aportadas por el Ministerio Público, Rivas no incurrió en desfalco, soborno, prevaricación u otra modalidad de corrupción administrativa, sino que su negligencia permitió que sus empleados de confianza manejaran inadecuadamente las licitaciones para las compras en la institución.
Precisó que el afán de Rivas era el parque vehicular de OMSA, y que probablemente en su intención de obtener una cantidad de bienes y servicios en un tiempo récord, se descuidó y permitió que se utilizaran algunas herramientas para beneficios de unos cuantos.
“Esa falta de supervisión a sus empleados de confianza facilitó un manejo inadecuado, no imputable penalmente, al ciudadano Manuel Rivas, situación esta que válidamente estaban dadas las condiciones de una retención de falta de carácter civil, esto así pues con su negligencia se afectó el interés general de aquellos ciudadanos que haciendo uno de la ley 340 se presentaran como oferentes a la entidad”, dijo la magistrada Soto.
Precisó que si el Estado hubiera presentado una querella con constitución en actor civil en contra de Rivas, el tribunal hubiese podido admitir alguna retención de carácter civil.
Sobre Rosario, quien era el director financiero de la OMSA y pertenecía al comité de compras de la entidad, manifestó que compañías de sus parientes participaron y ganaron licitaciones de OMSA, violando así el artículo 145 del Código Penal que tipifica que un funcionario, que abiertamente, por simulación de actos, o por interposición de persona, reciba un interés o una recompensa, no prevista por la ley, en los actos, adjudicaciones de la oficina que tiene a su cargo.
Por otro lado, el tribunal descargó a José Mercado Blanco (el Grande), Heidy Peña, Jorge Abreu (el Taxista), Víctor Ravelo Campos, Lilian Francisca Suárez, quienes estaban vinculados a la muerte de Yuniol Ramírez, ocurrida en 2017, tras la cual se destapó el escándalo de corrupción en la entidad de transporte público.
Los otros casos
Estas absoluciones con respecto a los actos de corrupción, se suma a la lista de los demás procesos que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no ha podido sustentar.
Hace solo tres meses, un tribunal descargó a los tres imputados en el caso Tucano y dos semanas antes, otro juzgado dictó auto de no ha lugar a favor de todos los acusados por la supuesta venta ilegal del sector Los Tres Brazos, con lo que los liberó de ir a juicio de fondo. Y en octubre del pasado año, en el juicio por los sobornos de Odebrecht, fueron descargados cuatro de los implicados y los otros dos condenados a penas inferiores a las que el órgano persecutor había pedido.
“Jurisprudencia es vergonzosa”
El viernes, horas después de emitirse el fallo del caso OMSA, la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, manifestó que en el país “la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente, errónea”. A través de un tuit, la dijo que le resulta “increíble” que la mayoría de los tribunales cambien sus criterios solo “para favorecer corruptos y el crimen organizado”. Sobre la decisión del caso OMSA, y el combate de la corrupción, la coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, precisó que “no es una lucha sencilla” hacerle frente a este flagelo. Indicó que aun así no descansarán.
Cuatro casos
Cantidad Suman cuatro los procesos por corrupción que el Ministerio Público no ha podido sustentar en los últimos meses
Fuente El Caribe
