Cuidado con las amenazas de la deriva antidemocrática
Juan Temístocles Montás
La consolidación del liberalismo como ideología dominante en buena parte de los países occidentales se produjo durante el siglo XX por la combinación de los principios del liberalismo político (democracia, derechos individuales, estado de derecho) con los del liberalismo económico (libre mercado, propiedad privada, competencia). Sin embargo, en el siglo XXI, esa alianza está siendo puesta a prueba por el ascenso del autoritarismo, el proteccionismo y el populismo.
Eso ya es evidente en los Estados Unidos. Desde su primer mandato, Donald Trump ha promovido una agenda claramente contraria al liberalismo, tanto el político como el económico. Su retorno al poder ha intensificado esas posturas al declarar una guerra arancelaria contra aliados y competidores por igual, rompiendo con décadas de políticas de apertura económica. Ha impuesto un estilo de gobierno personalista y confrontacional, con rasgos de autoritarismo competitivo, deslegitimando elecciones, criminalizando la oposición e instrumentalizando el poder judicial. También, mantiene en cuestionamiento a instituciones multilaterales como la OMC, la ONU, OMS, e incluso la OTAN.
En Europa, el auge de las fuerzas que cuestionan los principios del liberalismo democrático es evidente. En Francia y Alemania los partidos de extrema derecha han logrado avanzar electoralmente con programas que combinan proteccionismo económico, autoritarismo migratorio, xenofobia y desconfianza hacia la Unión Europea. En Hungría se ha promovido un modelo de democracia iliberal mediante la concentración de poder en el ejecutivo, el control de los medios y la limitación de la independencia judicial; en Italia, Giorgia Meloni llegó al poder con un discurso nacionalista, antiinmigración y euroescéptico. Hoy ningún país europeo escapa a la emergencia de partidos de extrema derecha, situación que se asocia con el crecimiento del descontento social, la crisis migratoria, el euroescepticismo y la desconfianza en las élites.
Los ejemplos presentados muestran una tendencia preocupante de debilitamiento de los valores liberales tanto en Estados Unidos como en Europa. Esa tendencia apunta hacia un mundo marcado por el proteccionismo, más polarizado y autoritario. Y eso puede conducir al reemplazamiento del liberalismo político en muchas democracias por regímenes híbridos que erosionan las garantías institucionales y, en el caso del liberalismo económico, el fortalecimiento del nacionalismo económico, el proteccionismo, la desconfianza hacia las cadenas globales de suministro y el uso geopolítico del comercio (como arma de sanciones y control).
La situación descrita indica que las democracias están, cada vez más, bajo amenaza interna, y los países tendrán que enfrentarse a un entorno externo más volátil y menos predecible. Para la República Dominicana, que en las últimas cuatro décadas se ha esforzado en consolidar una democracia liberal, este contexto representa un desafío para la preservación del rumbo democrático apostando a lograr un equilibrio inteligente entre apertura económica, inclusión social y fortaleza institucional.
La Constitución Dominicana ofrece principios importantes para evitar una deriva iliberal que entraña el populismo y autoritarismo en auge en estos tiempos, pero requiere compromisos de los partidos políticos, de todos los sectores sociales, y respeto al Estado de derecho.
El artículo 7 de nuestra Constitución establece que el Estado dominicano es un Estado social y democrático de derecho, organizado para garantizar los derechos fundamentales, la justicia y la participación. Este artículo ofrece una base para rechazar cualquier intento de concentración de poder o regresión autoritaria.
Además, existen mecanismos constitucionales clave para evitar una deriva iliberal. El artículo 124 establece que, luego de un segundo periodo constitucional consecutivo, el presidente o la presidenta no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Además, el artículo 134 prohíbe que el presidente se arrogue funciones legislativas o judiciales.
La Constitución también establece la separación de los poderes, garantizando la autonomía del Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público. Garantiza la transparencia administrativa y la libertad de prensa como instrumentos esenciales para contener el autoritarismo.
Si bien la Constitución dominicana ofrece herramientas claras para preservar el régimen democrático liberal, en el actual contexto internacional, estas herramientas funcionan si hay actores comprometidos con la institucionalidad. La defensa del liberalismo político requiere no solo normas, sino también valores, vigilancia y responsabilidad colectiva.
