De cómo el populismo se cargó a Senasa
Rafael Alburquerque
La Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social dispuso en su artículo 159 el establecimiento del llamado Seguro Nacional de Salud (Senasa), como una aseguradora pública responsable de administrar los riesgos en salud de los empleados públicos y de las instituciones autónomas o descentralizadas del Estado, con inclusión de sus familiares; de todos los trabajadores del régimen contributivo subsidiado; de los beneficiarios del régimen subsidiado y de los trabajadores privados que la seleccionen.
Senasa, como popularmente se la conoce, es una entidad que goza de autonomía financiera, técnica y administrativa, y la propia Ley, en su artículo 154 dispone que debe brindar sus servicios con respeto estricto a los principios de la seguridad social y de la ley, con un sistema de contabilidad e información financiera y estadística uniforme, definido por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.
Ahora bien, si Senasa debe ocuparse por mandato de la ley de afiliar a los beneficiarios del régimen subsidiado, habría que definir quiénes son estas personas. Pues bien, la propia Ley 87-01 da la respuesta. Estos beneficiarios son: los desempleados y sus familiares; los discapacitados; y los indigentes y sus familiares.
Cuando el 16 de agosto de 2004 se inauguró el gobierno de Leonel Fernández la pregunta que los responsables del Sistema de Seguridad Social y del Gabinete de Política Social se hacían era la de encontrar un método que les permitiera identificar las personas desocupadas y las que se encontraban bajo la línea de la pobreza.
Para tales fines se creó el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), hoy anulado por el actual gobierno, que con evaluaciones y un método científico pudo identificar los hogares pobres del país. Puesto en práctica el mecanismo, el régimen subsidiado pudo avanzar con seguridad y confianza. De 47,112 personas con que contaba al iniciarse el gobierno, todas concentradas en las provincias de Barahona y Bahoruco pasó a finales de 2005 a 250,000 distribuidas en las regiones suroeste, nordeste y este del país, y ya al finalizar el cuatrienio 2004-2008 alcanzaba la cifra de 1 millón 300 mil personas.
Todos estos recaudos establecidos para evitar que el clientelismo político pudiera aprovecharse de un seguro de salud tan necesario para las personas en situación de pobreza fueron paladinamente abandonados a partir de finales del año 2021 por el presente gobierno, y el presidente de la República no tuvo reparos en confesar que Senasa habían incluido como beneficiarios del régimen subsidiado 2.3 millones de personas, sin que fuera validada su condición de pobreza, por lo que muchos estiman que casi un 80% de estos nuevos afiliados están en condiciones de cotizar.
De ser una institución sólida, confiable, de prestigio, con regulaciones claras y supervisiones continuas, que atraía a afiliados del sector privado, Senasa se ha degradado, y hoy atraviesa una grave crisis financiera y gerencial que amenaza su sostenibilidad como resultado de una gestión administrativa deficiente, prácticas proselitistas y actos de corrupción.
Como lo denunció en su oportunidad la Fuerza del Pueblo, el déficit operacional acumulado de Senasa en el régimen subsidiado alcanza hoy a 3 mil 372 millones de pesos, lo que también afecta al régimen contributivo y a sus afiliados como a las prestadoras de servicios. Los primeros sufren deficiencias en la prestación de servicios, con retrasos en las autorizaciones para ser atendidos y las segundas ven retrasados sus pagos, con riesgos de quiebra para muchas clínicas.
Según se ha conocido la morosidad en el pago a los proveedores de salud ha crecido de manera alarmante, y ha pasado de 0.97% en 2023 a un 44% en 2024. Este retraso afecta directamente a las clínicas, farmacias, laboratorios y profesionales de la salud.
El descrédito de Senasa es de tal naturaleza que dos reconocidas periodistas de investigación han denunciado un fraude colosal con estafas de contratos millonarios por servicios que no se prestan, doble contabilidad, atrasos inexplicables en la rendición de cuentas, falta absoluta de supervisión y un largo etcétera que ha asombrado a la opinión pública.
En esta misma semana técnicos altamente calificados denunciaban que Senasa ha incurrido en un déficit de 20 mil millones de pesos como fruto de decisiones administrativas cuestionables y falta de reservas técnicas. Se afirma que creó una doble contabilidad, una real y otra para el público, dejó de publicar a tiempo sus estados financieros; y aplicó programas cuestionables que drenaron los fondos públicos.
En resumen, el clientelismo político se ha cargado a Senasa. La reelección fue prioritaria y se olvidaron de una verdadera y diáfana política social. Hoy el ciudadano se da cuenta de cómo fue engañado, de cómo entes como Senasa, que en el pasado estuvo siempre al servicio del pobre corre en el presente el riesgo de desaparecer, todo por causa de un gobierno al que no le duele la suerte de su pueblo.
El Caribe
