De ordenamiento territorial y nudos por desatar
Por CÉSAR PÉREZ
El ordenamiento territorial sigue siendo uno de los principales deberes no cumplidos por nuestra clase política. Mientras nuestros legisladores, apañados, por sus direcciones partidarias, desguazan el país creando nuevas provincias, dividiendo algunas existentes y creando nuevos municipios y distritos municipales sin sentido de la medida ni de la pertinencia y sin que se termine la discusión y aprobación de una Ley de Ordenamiento Territorial. No se aprueba debido a los más diversos y hasta oscuros intereses políticos y económicos envueltos, a los que se añade la existencia de importantes nudos sobre lo urbano y la gestión local que deben ser desatados.
Es urgente que, definitivamente, la gestión del espacio y del territorio se dote de un instrumento legal que ponga límites al caos en que discurre el crecimiento de las áreas urbanas y sus entornos rurales del país, pero la ingenuidad o el desconocimiento de la profundidad de esta cuestión conduce a que muchos crean que esos problemas serían eliminados con la mera existencia de un marco regulatorio del territorio. La efectividad y sostenibilidad de ese marco, por su carácter necesariamente general, descansa en la existencia una ley de suelo, de planes de ordenación o maestros de los gobiernos locales, de una ley urbana o de planificación actualizada y sobre todo, de una solución del tema de las figuras Municipio y Distrito Municipal, entre otros.
Este último es crucial y, pienso, está al centro de los desacuerdos que han determinado que no se haya aprobado la ley en cuestión. La prisa, la falta de rigor con que solemos tratar algunos asuntos ha conducido a la creación de nuevas unidades administrativas territoriales bajo criterios no siempre bien justificados. Es el caso de los distritos municipales, una figura que en algunos países se crea para la gestión de zonas especiales tales como: centros de ciudades o municipios de particular vocación. En cierta medida, con esa se idea aquí se justificó la creación de los DM. Inicialmente, su director era nombrado por el alcalde del municipio correspondiente, esto se modificó y ahora, por ley, las autoridades de los DM son elegido por voto popular.
Esa circunstancia, unida a que los DM como los municipios tienen competencias prácticamente iguales, a pesar de que, con relación a los municipios, el Tribunal Constitucional los declara de “categoría inferior”, ¡vaya usted a saber!, planteando serios dilemas políticos, de soberanía y de derechos de toda índole. Se da la incongruencia de que hay un DM, Santiago Oeste, con sus 86,500 habitantes supera a cinco provincias (con sus cinco senadores) y varios son de mayor relevancia económica y a veces hasta poblacional que sus municipios circundantes. Por ley no tienen derecho al ejercicio pleno para dotarse de planes de regulación de su territorio porque dependen políticamente del ayuntamiento cabecera.
Por otro lado, la inexistencia de una ley de suelo que no sólo clasifique su uso sino su costo, porque es esto último el principal factor que encarece ese bien y el de la vivienda y porque esto constituye una de las principales formas de la especulación edilicia que engrosa los bolsillos de autoridades electas en complicidad con determinados promotores de bienes raíces. De igual modo, es necesario que el país tenga una ley urbanística que recoja los profundos cambios que a lo largo de casi 60 años se han producido en varias ciudades, en la lógica del crecimiento urbano del país y de procesos de conurbación que engullen suelo de vocación agrícola convirtiéndolos en urbanizables. Por su carácter general, una ley de ordenamiento territorial no evita ese lastre.
Este tipo de ley requiere de una rigurosa del régimen municipal y de otras que soporten el ordenamiento territorial, de lo contrario sería una medida de limitado efecto en el cumplimiento de los objetivos conscientemente buscados y los que la percepción de muchos que cree que resolverá. En la discusión sobre estos temas se ha avanzado, pero no lo suficiente para que flecos importantes de estos se hayan cortado. También hay que tomar en cuentas que la disputa sobre el tema de la relación/existencia de las figuras Distrito Municipal/Municipio está empantanada. ¿Quién le pone el cascabel al gato? No se sabe qué sucederá cuando alguien se lo ponga, pero a la larga esa disputa tendrá que zanjarse de una u otra forma.
En lo personal, creo que difícilmente los derechos adquiridos y la cultura que se han creado en torno a la existencia a las referidas figuras en la división política administrativa del Estado. Habrá que hilar muy fino para volver atrás, partiendo de cero de lo ya creado. Por consiguiente, la no solución de esta y otras cuestiones citadas, a la larga condicionará irremediablemente la evacuación de cualquier ley general de ordenamiento territorial que no las sopese en su justa dimensión
