Debate sobre la Política de Protección de Datos: ¿Una amenaza para el periodismo?
Santo Domingo, 18 de noviembre. La reciente implementación de la Política de Protección de Datos, promovida por el Poder Judicial, ha desatado un intenso debate en los círculos periodísticos de la República Dominicana debido a su potencial impacto en la libertad de información y el ejercicio del periodismo.
La medida establece que las sentencias publicadas en el portal web del Poder Judicial o entregadas a terceros omitirán cualquier dato que permita identificar a imputados, víctimas, querellantes, testigos y auxiliares. Los nombres de las partes serán sustituidos por sus iniciales, y también podrían ser excluidas informaciones financieras, laborales y de salud.
El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, advirtió que esta política podría restringir el acceso ciudadano a información pública, generando un choque con la libertad de expresión y dificultando el ejercicio del periodismo. “Esto producirá un conflicto entre el derecho a la información y la necesidad de reserva. Se requiere una legislación clara que delimite estos aspectos”, expresó Maldonado.
Aurelio Henríquez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), compartió esta preocupación, subrayando que “eliminar datos relevantes en una sentencia viola el derecho de los periodistas a informar de manera completa y contrastada”.
Por su parte, José Beato, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), señaló que omitir nombres de condenados por delitos puede comprometer la objetividad de las noticias. “Borrar la memoria histórica de un proceso judicial va en contra del principio de publicidad. Los juicios son públicos, orales y contradictorios; esta política contradice esa naturaleza”, argumentó Beato, añadiendo que “los periodistas no pueden informar sin datos concretos”.
Maldonado destacó la importancia de diferenciar entre la reserva de datos durante las investigaciones judiciales y el acceso público a información sobre casos abiertos o resueltos. “Debe haber un balance entre proteger la privacidad y garantizar el derecho a la información, especialmente en casos de interés público”, señaló.
Henríquez y Beato coincidieron en que la política propuesta representa una amenaza para el periodismo de datos, una práctica clave en el periodismo moderno que depende de la precisión y disponibilidad de información pública para garantizar su rigor.
El SNTP anunció la convocatoria a una reunión urgente con otros gremios periodísticos para analizar y discutir el alcance de esta política. Asimismo, el CDP no descarta presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar la disposición.
La implementación de esta política plantea un complejo dilema entre proteger la privacidad de las partes en los procesos judiciales y preservar el acceso público a información clave para el ejercicio de derechos fundamentales y la transparencia en una sociedad democrática.
