Debate sobre la reforma fiscal en República Dominicana: Propuestas, críticas y alternativas en vistas públicas

Santo Domingo, 17 de octubre – El Congreso Nacional de la República Dominicana abrió sus puertas a diversas personalidades y grupos sociales, permitiéndoles expresar su opinión sobre el proyecto de reforma fiscal presentado por el Poder Ejecutivo hace una semana.

En estas vistas públicas, cada grupo tiene cinco minutos para exponer su postura, lo que ha dado lugar a un intenso debate sobre los aspectos fundamentales de la reforma y su impacto en diferentes sectores de la sociedad.

Uno de los primeros grupos en participar fue el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), cuyos líderes, Celso Juan Marranzini y César Dargam, presidente y vicepresidente ejecutivo respectivamente, destacaron que la propuesta del Conep ha sido el resultado de más de un año de trabajo conjunto con otros grupos empresariales. La propuesta del gremio empresarial busca un equilibrio entre el desarrollo productivo y el bienestar social.

«Nuestra propuesta se fundamenta en un equilibrio entre el desarrollo productivo y el bienestar de la población. Buscamos que las empresas puedan mantener su competitividad, siempre mirando hacia el exterior, pero también hacia los sectores que compiten con nosotros a nivel internacional», afirmó Marranzini.

Asimismo, destacó que la propuesta empresarial está orientada a la mejora continua del gasto público, al control de la evasión y elusión fiscal, y a lograr un pacto nacional en torno a la reforma.

Marranzini subrayó que la mejora del gasto público debe ser prioritaria, así como la resolución del déficit energético, áreas clave que afectan a la ciudadanía en su día a día.

Estas propuestas se presentaron en el marco de tres pilares esenciales: la racionalización del gasto público, la aplicación de medidas no tributarias basadas en la digitalización administrativa y, finalmente, la implementación de medidas tributarias que optimicen la recaudación sin afectar a los sectores más vulnerables.

César Dargam, por su parte, resumió las principales preocupaciones estructurales que afectan al país. Entre ellas, destacó que los egresos superan con creces los ingresos actuales del Estado, lo que limita la capacidad de inversión en áreas esenciales como la energía, la educación y la consolidación de la deuda pública. Asimismo, mencionó el alto nivel de informalidad en la economía dominicana, que representa un obstáculo significativo para el desarrollo sostenible del país.

«Estamos a favor de cualquier medida que busque proteger a los sectores con menos poder adquisitivo. Es vital que se impulse el crecimiento de la clase media dominicana, ya que esto contribuye directamente al desarrollo económico y social del país. Además, es necesario que los diferentes sectores de la economía puedan seguir invirtiendo y generando empleo», concluyó Dargam.

En contraste, el partido de oposición Opción Democrática (OD) expresó su rechazo al proyecto de ley de modernización fiscal. Virginia Antares, ex candidata presidencial de la organización, fue la encargada de defender la postura de su partido, alegando que el proyecto no es más que un aumento en la recaudación de impuestos que agravará la desigualdad y afectará a las familias más vulnerables del país.

Antares argumentó que, en los últimos 40 años, el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) ha incrementado de manera desproporcionada, afectando principalmente a los productos de la canasta básica.

Este tipo de impuestos, según Antares, recae mayormente sobre las familias con menores ingresos, que ya de por sí enfrentan dificultades económicas.

«Los honorables legisladores cuentan con salarios que están muy por encima del salario promedio de los dominicanos, que es de aproximadamente RD$33,000. Pero me pregunto si pueden ponerse en los zapatos de una familia que, con ese salario o menos, tiene que enfrentarse a un aumento en los precios del ajo, la cebolla, las habichuelas, la carne, o pagar más por el alquiler de su vivienda debido a impuestos adicionales como el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI)», afirmó Antares.

Antares calificó de injusto el aumento de los impuestos, argumentando que los legisladores no han hecho recortes significativos en el gasto público, tales como la eliminación del «barrilito» o la reducción de los RD$8,000 millones que el gobierno gasta en propaganda anualmente. También criticó las crecientes pérdidas en el sistema eléctrico, que según ella, han aumentado en los últimos cuatro años.

Como alternativa, Opción Democrática propuso realizar una auditoría de la deuda pública y combatir la evasión fiscal, con el fin de evitar cargar aún más a los contribuyentes que ya cumplen con sus obligaciones.

En representación del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, presidente del gremio, reconoció que el proyecto de reforma fiscal presenta algunas ventajas, como la eliminación de anticipos a personas físicas y la incorporación automática de contribuyentes que califiquen en el régimen simplificado de tributación. También destacó que las micro y pequeñas empresas estarían exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante sus primeros tres ejercicios fiscales.

Sin embargo, Suero también expresó preocupaciones en torno a algunos aspectos desfavorables de la reforma, tales como los cambios propuestos en el monto de excepción para viviendas de bajo costo y en el umbral para la Declaración Jurada de Patrimonio. Ambos puntos, según el CMD, deberían mantenerse como están actualmente para no afectar a las clases medias y bajas.