Debate sobre limitación de vigencia en licencias a mayores de 65 años: ¿Discriminación o medida de seguridad?

Santo Domingo, 27 de octubre – La reciente disposición del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) que reduce a dos años la vigencia de las licencias para adultos mayores de 65 años ha generado un amplio debate en el país. La medida, considerada por algunos como discriminatoria, suscita cuestionamientos sobre su legalidad, equidad y justificación, en un contexto donde la Constitución dominicana establece derechos de igualdad ante la ley y protección especial para los adultos mayores.

El punto central de la controversia es el aumento en la frecuencia de renovación de licencias para conductores de más de 65 años, que tradicionalmente debían renovarla cada cuatro años, como el resto de la población.

Esta modificación implica no solo una mayor frecuencia en los trámites, sino también un aumento en el costo acumulado, ya que la renovación bianual conlleva gastos adicionales. Los críticos sostienen que, en lugar de brindar un trato especial, esta medida representa una forma de doble tributo para los adultos mayores.

Misael Valenzuela, abogado experto en legislación de tránsito, considera que esta medida contraviene principios constitucionales y es, en esencia, discriminatoria. Cita el artículo 39 de la Constitución dominicana, que proclama que «todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones».

Asimismo, menciona el artículo 57, que establece la obligación del Estado de proteger y asistir a las personas de la tercera edad. Para Valenzuela, la disposición del INTRANT es inconstitucional al no ofrecer igualdad de condiciones y trato justo a los ciudadanos mayores de 65 años.

Valenzuela sugiere un enfoque alternativo: establecer un sistema de exámenes específicos para adultos mayores, que evalúe sus habilidades y capacidades físicas para conducir. “El INTRANT debería permitir que las personas se sometan a pruebas para evaluar sus reflejos y condiciones de salud en lugar de reducir automáticamente la vigencia de sus licencias”, explica Valenzuela.

En sus palabras, “que alguien tenga más de 65 años no significa que no esté en condiciones óptimas para conducir”. Con base en esta premisa, propone que se ofrezca a los adultos mayores la opción de someterse a evaluaciones periódicas que determinen si son aptos para continuar manejando sin necesidad de renovar cada dos años.

Valenzuela también recuerda la sentencia 0005/2020 del Tribunal Constitucional, la cual establece que la edad no debe asumirse como un impedimento automático para desempeñar funciones, salvo que exista evidencia de ineptitud.

Esta sentencia refuerza el argumento de que cualquier política que implique una presunción de incapacidad en función de la edad es, en principio, cuestionable desde el punto de vista constitucional.

Según el abogado, el INTRANT debería alinearse con esta jurisprudencia, desarrollando un marco de evaluación que pueda aplicarse tanto a adultos mayores como a conductores más jóvenes, en lugar de imponer una regla que afecte de manera particular a las personas mayores.

La posición de expertos en seguridad vial

María Taveras, abogada especializada en Seguridad Nacional, considera que la problemática sobre las licencias de conducir en el país va más allá de la renovación para adultos mayores y apunta a deficiencias en el proceso de obtención de licencias. Taveras sostiene que el sistema actual es demasiado “simple” y no garantiza que los conductores hayan recibido una formación adecuada en seguridad vial.

Taveras subraya que la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial contempla revisiones psicofísicas básicas, pero estos exámenes se limitan a evaluaciones de visión y audición, dejando de lado otros factores esenciales para la conducción segura.

Además, recomienda reformas en la educación vial del país, sugiriendo que todos los solicitantes de licencias de conducir cumplan con un mínimo de 20 horas de instrucción en educación vial, tanto en instituciones públicas como privadas, para fomentar la conciencia y la responsabilidad en la carretera.

“Debemos implementar un sistema de educación vial que sea exigente y no permita que alguien obtenga una licencia sin entender las normas de tránsito en profundidad”, apunta Taveras. Según la abogada, la falta de formación vial no solo afecta a los adultos mayores, sino también a la juventud y otros conductores.

Debilidades en la aplicación y revisión de la medida

Aunque el INTRANT justifica la medida como una precaución para proteger a los adultos mayores y a otros usuarios de las vías, Taveras sostiene que la normativa podría ajustarse para ser más justa.

Por ejemplo, sugirió la posibilidad de otorgar una reducción en los costos de renovación de la licencia para los ciudadanos mayores de 65 años. También considera que esta población debe recibir recomendaciones de seguridad vial, como evitar conducir de noche o en situaciones de tráfico pesado, en lugar de imponer restricciones adicionales de tiempo y costo.

Por su parte, Milton Morrison, director del INTRANT, indicó que la entidad está evaluando la posibilidad de revisar la disposición que reduce la vigencia de la licencia de cuatro a dos años para los mayores de 65. Morrison reconoció la carga económica que implica esta disposición y afirmó que el organismo analizará alternativas que respeten los derechos de los adultos mayores sin comprometer la seguridad vial.