¿Debemos confiar en este nuevo plan de la OEA para Haití?
Por Manuel Jiménez V.
El magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 no solo estremeció a Haití, sino que rompió el delgado hilo que sostenía una crisis latente. Desde entonces, el país caribeño se ha hundido en un espiral de violencia incontrolable, con más de 5,600 muertes provocadas por bandas armadas, según datos de Naciones Unidas.
La misma fuente advierte sobre un desplazamiento interno de 1.3 millones de personas. No es solo una crisis de seguridad: es una catástrofe humana, social y política que ha arrojado al país a los brazos de la marginalidad, el hambre y el éxodo.
Mientras Haití se desangra, la comunidad internacional reacciona, otra vez, con una hoja de ruta. Esta vez le toca el turno a la OEA, respaldada por CARICOM, que ha presentado un nuevo plan para estabilizar a Haití, con una proyección presupuestaria de 2,600 millones de dólares y cinco pilares fundamentales que, según dicen, conducirán hacia la paz y la institucionalidad.
Pero la pregunta inevitable es: ¿de verdad debemos tener fe en otro plan más? ¿Cuántos planes ha lanzado la comunidad internacional para Haití en las últimas dos décadas? ¿Y cuántos han logrado transformar de forma sostenible la realidad haitiana?
El primer pilar del plan habla de estabilizar la seguridad y restablecer la paz, con una asignación de 1,336 millones de dólares. Suena ambicioso, pero también ilusorio si se considera que muchos de los países que se comprometieron a enviar tropas o financiar la fuerza multinacional no han cumplido sus promesas.
Y lo más preocupante: en el documento de la OEA no se detalla un calendario claro para la ejecución de estas medidas, en especial en lo referente a seguridad. Sin orden ni control territorial, ningún otro pilar podrá sostenerse.
El segundo pilar, sobre consenso político y gobernanza, apenas contempla 8 millones de dólares. Un monto simbólico para una tarea colosal. La historia reciente de Haití demuestra que su clase política es incapaz de articular un diálogo sincero y duradero.
El propio Consejo Presidencial de Transición es muestra palpable de esa debilidad estructural. Entonces, ¿cómo pretende la OEA lograr consensos desde fuera si los actores internos no muestran voluntad ni credibilidad?
También se plantea la celebración de elecciones como parte esencial del proceso, con un presupuesto de 104 millones de dólares. La idea es fortalecer instituciones como el Consejo Electoral Provisional y garantizar la participación ciudadana, especialmente con la incorporación de las mujeres, jóvenes y grupos vulnerables.
Pero nuevamente nos enfrentamos al dilema del tiempo: sin seguridad, sin identificación confiable de los votantes, y sin instituciones funcionales, ¿es realista hablar de elecciones a corto plazo?
La ruta que se presenta es larga, compleja y sumamente frágil. Y peor aún, no hay garantías de que en el camino la situación no empeore.
En Puerto Príncipe, las pandillas controlan más del 90% del territorio y siguen expandiéndose hacia zonas estratégicas del interior. La policía nacional haitiana carece de recursos, formación y legitimidad para enfrentarlas. ¿Cómo entonces se podrá implementar una hoja de ruta en un terreno tan minado?
La OEA y CARICOM parecen repetir la fórmula de siempre: documentos cargados de buenas intenciones, compromisos que se diluyen en la burocracia, y misiones internacionales que terminan siendo más espectadoras que protagonistas.
Integrar una misión de 20 personas para facilitar elecciones en un país devastado suena más a formalismo que a una intervención efectiva.
Haití no necesita más diagnósticos, ni más comités, ni más conferencias. Necesita acciones concretas, sostenidas y, sobre todo, voluntad política real por parte de los países con capacidad de incidencia.
La solución no está a la vuelta de la esquina, mucho menos si seguimos transitando por una carretera terriblemente deteriorada con un mapa que no tiene ruta clara ni vehículos en condiciones para avanzar.
