Declaran complejo caso de red de fraude financiero; imputados enfrentan medidas de coerción
Santo Domingo, 27 de octubre de 2025 — Un tribunal del Distrito Nacional declaró como complejo el proceso judicial contra dos hombres acusados de formar parte de una estructura criminal vinculada a un fraude financiero por más de 19 millones de pesos en perjuicio de entidades de intermediación financiera.
A los imputados les fueron impuestas medidas de coerción que incluyen garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público logró establecer la vinculación de Michael Ernesto Martínez Ramírez y Jan Marcos Sánchez de la Rosa con el esquema delictivo, por lo que la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, dictó las medidas restrictivas.
Martínez Ramírez deberá pagar una garantía económica de RD$2,000,000, mientras que a Sánchez de la Rosa se le impuso una de RD$400,000, ambas mediante contrato con una compañía aseguradora. Además, se les ordenó comparecer periódicamente ante el Ministerio Público y se les prohibió salir del país sin autorización judicial.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó inicialmente prisión preventiva por tres meses, argumentando la gravedad del caso y el riesgo procesal. Las fiscales Lewina Tavárez Gil, directora interina de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, y Margaret Cabrera Morillo representaron al órgano acusador.
De acuerdo con la investigación, desde el 19 de junio de 2025, los acusados, junto a otros miembros de la red —más de veinte personas bajo investigación— realizaron y recibieron transferencias bancarias a través de una compañía internacional.
Estas operaciones eran duplicadas en las acreditaciones por parte de una sociedad financiera, lo que permitió la obtención ilícita de fondos mediante vulneración de su sistema tecnológico. Los montos defraudados eran luego transferidos a otras cuentas o dispersados entre terceros.
El Ministerio Público acusa a los imputados de violar los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal, los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Según la fiscalía, se trata de una red criminal altamente estructurada, por lo que consideran que las medidas impuestas son fundamentales para garantizar la integridad del proceso judicial, evitar la obstrucción de la investigación y asegurar la comparecencia de los implicados mientras continúan las indagatorias.
