Defensor del Pueblo alerta sobre aumento de muertes atribuidas a la Policía Nacional en los últimos tres años
Santo Domingo, 17 de septiembre de 2025. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, advirtió este martes sobre el preocupante incremento de muertes atribuidas a la Policía Nacional en los últimos tres años, calificando esta tendencia como “una alerta ética y democrática” que obliga a repensar el modelo de seguridad ciudadana en la República Dominicana.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Ulloa señaló que en 2023 se registraron 68 muertes atribuidas a agentes policiales, cifra que aumentó a 120 en 2024 y que en lo que va de 2025 ya asciende a 170 casos.
De acuerdo con el Defensor del Pueblo, estas cifras representan una tasa de 1.5 muertes por cada 100,000 habitantes, lo que sitúa al país en una posición alarmante al compararse con Estados Unidos, donde la tasa es de 0.36 por cada 100,000.
“Tras ocho años de descensos (2015–2022), este repunte no es un dato más: es una alerta ética y democrática que nos obliga a repensar el rumbo de la seguridad ciudadana. Si nos comparamos con la región, la tasa dominicana está muy por encima de países como Chile, Costa Rica o Uruguay, que registran niveles inferiores a 0.5 por 100,000”, afirmó Ulloa.
En su análisis, el funcionario advirtió además que las cifras actuales colocan a la República Dominicana cerca de las realidades de Brasil y México, países señalados reiteradamente por organismos internacionales por el uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales.
Ulloa recordó que la Constitución dominicana establece de manera categórica el respeto a la vida y la dignidad humana. Citó el artículo 37, que proclama que “la vida es inviolable”, y el artículo 38, que consagra que “la dignidad humana constituye el fundamento del orden jurídico y de la convivencia pacífica”.
Asimismo, subrayó los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano en materia de derechos humanos. Recordó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 6), que establece que “nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 4), que obliga a los Estados a “proteger ese derecho por ley y garantizarlo en toda circunstancia”.
Finalmente, el Defensor del Pueblo señaló que una política de seguridad ciudadana solo puede ser legítima si se fundamenta en el respeto a los derechos humanos y a la Constitución.
“La República Dominicana tiene el deber histórico de convertirse en un ejemplo regional de seguridad con derechos, porque un Estado fuerte no es el que ejecuta: es el que protege, ampara y dignifica la vida de todos”, manifestó Ulloa.
