Definiendo el futuro: Contexto de un diálogo productivo
Rafael Paz
Ya terminó el proceso electoral y aunque las pasiones partidarias no pierden terreno hay que comprender el cambio de momento. Todas las fuerzas políticas reconocieron la legitimidad de la administración que se inaugura el próximo 16 de agosto y no existe ningún actor local o extranjero que cuestione esa legitimidad. El país debe evolucionar, pues nos encontramos en el inicio de un nuevo ciclo en todos los ámbitos. Nuestro modelo actual se sustenta en las reformas económicas e institucionales de la década de los 90 y la primera parte de los 2000, pero el nivel de diversificación de nuestra económica, los cambios tecnológicos y la complejización de los mercados apuntan hacia la necesidad de una revisión y redefinición de este. Para aprovechar las oportunidades y sortear los retos que tenemos, como país debemos extender una mirada de mediano y largo plazo real que nos permita trabajar verdaderas reformas estructurales. Para ello se necesitan dos elementos: diálogo y concertación. Los reclamos de tipo electoral no pueden ser una piedra en el camino, sin obviar el justo y bien fundamentado reclamo sobre todas las dificultades y el desbalance electoral, sobre todo en lo relativo en el uso de las ventajas del Estado. A pesar de ello, la Fuerza del Pueblo logró avanzar enormemente y consolidarse como el partido del futuro. La sociedad dominicana está reclamando un cambio en la política y los políticos. Superar esa cultura rancia de diatribas y descalificaciones y adoptar un modelo más racional, sustentado en datos y en evidencia y con inclinaciones más colaborativas, constructivas y vinculadas al interés nacional. En este contexto, el ejercicio opositor debe apostar al debate de ideas y propuestas en un enfoque menos partidista y más pro-país. No se trata de un ejercicio de oposición “light”, sino de adoptar el necesario proceso de conversación que, hasta en las guerras, se lleva a cabo para fijar las peticiones y objetivos por parte de quienes inician un proceso de confrontación.
Pero ese diálogo no puede ser en la forma originalmente concebida por el gobierno. Ya no hay candidatos presidenciales. De igual forma, el pueblo estableció que el liderazgo indiscutible de la oposición le corresponde a la Fuerza del Pueblo. En consecuencia, un diálogo entre Luis Abinader y Leonel Fernández ocurriría en la condición de Presidente de la República del primero y de presidente de la Fuerza del Pueblo y líder de la oposición del segundo.
Una vez establecido este contexto ¿Cuál sería el alcance del diálogo? El gobierno logró ampliar su matrícula en el Congreso y no necesita el voto de la oposición para llevar a cabo una reforma constitucional. Por esto, lo correcto es que esta decisión y sus consecuencias, positivas o negativas, sean asumidas por entero por el PRM y el gobierno de Luis Abinader. El rol de la FP en este contexto sería el de reclamar el respeto a la integridad de nuestra Constitución y enfrentar por los medios democráticos correspondientes cualquier despropósito en el horizonte. De igual forma, la Fuerza del Pueblo ha dejado claro que no apoyará ninguna reforma fiscal que implique penalizar a las clases populares o exprimir más a la clase media. Tampoco una reforma que afecte de manera irreversible a los motores del crecimiento económico y la generación de empleos. Sin embargo, de conformidad con la Estrategia Nacional de Desarrollo es mandatorio la realización de un Pacto Fiscal, el cual entendemos debe limitarse a reglas generales y de largo plazo que marquen el rumbo de las finanzas públicas y el modelo económico del país, sin entrar en reformas de impuestos específicos, tarea que corresponde al Congreso Nacional.
La prisa es mala consejera y el estado de las finanzas públicas y la economía en general no generan una presión desbordante que implique llevar a cabo un proceso de esta naturaleza de forma desbocada. Lo que la prudencia aconseja es un proceso participativo y amplio que genere un consenso nacional sobre el futuro de nuestra economía.
En este contexto consideramos las siguientes áreas como prioritarias:
1.- Seguridad fronteriza, la política exterior y la política migratoria;
2.- Reforma del sistema de seguridad social;
3.- Reglas fiscales generales que sirvan de guía de largo plazo a las políticas económicas del Estado, por ejemplo: techo de endeudamiento, tope de déficit, un porcentaje de correlación inversión/gasto público, solución déficit cuasi fiscal, entre otros;
4.- Regulación legal de los programas sociales, atándolos legalmente de forma robusta al SIUBEN y estableciendo sanciones para su asignación discrecional o clientelar, así como penas para los fraudes cada día más comunes en su cadena de asignación. Esta regulación debe incluir el sistema de transferencias condicionadas como el programa de alimentación y los bonos de luz, gas, madres, escolares y otros similares. De igual forma, el establecimiento de parámetros objetivos para optar por una pensión solidaria;
5.- Modificación de la Ley Electoral para el establecimiento de mayores facultades legales a la JCE para la regulación de las campañas, mayores controles a las acciones gubernamentales dentro del período electoral y preelectoral, así como la equidad en espacios publicitarios y el uso de los medios de comunicación;
6.- Reforma del sistema carcelario de la República Dominicana, cierre inmediato del Penal de la Victoria y disponer la habilitación inmediata de las Parras y la extensión del Nuevo Modelo Penitenciario a todos los penales de la República Dominicana;
7.- Nueva Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que permita una nueva planificación de largo plazo a partir de una evaluación objetiva y apartidista de los resultados alcanzados en el marco de la actual, así como la designación de nuevas autoridades en el Consejo Económico y Social.
Listín Diario
