Departamento de Estado de EE. UU. instado a investigar casos de prisioneros en RD
Santo Domingo, 29 agosto – Michael McCaul, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, expresó su preocupación por el supuesto «uso excesivo» de la prisión preventiva en la República Dominicana, especialmente contra ciudadanos y residentes estadounidenses.
McCaul ha solicitado al Secretario del Departamento de Estado, Anthony J. Blinken, que se investigue cuántos ciudadanos estadounidenses están bajo esta situación en el país y cómo se han utilizado los fondos otorgados para programas relacionados con la prisión preventiva en la República Dominicana.
En una comunicación dirigida al Departamento de Estado, McCaul ha planteado la necesidad de investigar a fondo el uso de la prisión preventiva en el país, destacando que el 70% de los prisioneros en la República Dominicana se encuentran bajo esta medida.
El congresista ha enfatizado que la situación de prisioneros en espera de juicio es un problema endémico que debe ser abordado.
McCaul también ha expresado preocupación por la aparente «desconexión» entre Washington y la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana en lo que respecta a estos asuntos.
Ha instado al Departamento de Estado a tomar medidas inmediatas para investigar los casos de ciudadanos estadounidenses en prisión preventiva en el país y garantizar que se sigan los procesos legales adecuados y se protejan sus derechos.
El congresista ha subrayado la importancia de contar con información precisa sobre el número de ciudadanos estadounidenses presos en la República Dominicana y sobre el uso adecuado de los fondos otorgados para programas relacionados con la prisión preventiva.
McCaul ha advertido que la falta de información precisa podría afectar los esfuerzos de asistencia y bienestar para los ciudadanos estadounidenses en el país, incluyendo asistencia legal, visitas familiares y otros servicios.
Desde el año 2022, el Gobierno de los Estados Unidos ha destinado más de US$832 millones a países de la región del Caribe, incluida la República Dominicana, para mejorar el acceso a la justicia y fortalecer el sistema legal en la región.
