Desparpajo desafiante
Carmen Imbert Brugal
Amenazas, improperios se escuchan cada minuto no sólo difundidos por las cloacas digitales sino a través de los medios tradicionales de comunicación.
La competencia es cerrada. La popularidad crece en la medida en que los portaestandartes del método incluyen en sus reflexiones cotidianas más interjecciones y gestos obscenos, para avalar la estupidez. Es violencia financiada, sin ningún recato, con dinero público y por el capital privado.
Nada importa, están exentos de responsabilidad. Es una mascarada de aquel relevo del Foro Público que comenzó, en la década de los 80, para imputar, juzgar y condenar, sin consecuencias legales, usando como estrado un programa de TV. El cieno injurioso era vertido sin límites. Con obsesión tremendista el estilo fue replicándose y deshonrar se ha convertido en hábito.
Sorprende la reticencia para utilizar procedimientos tendentes a reclamar, en los tribunales, reparación por la difamación y la injuria. Luce que todos son parte del mismo sarao y temen aquello de “si dices digo”. Por eso es intrascendente la pretensión de conseguir la transformación anhelada promulgando leyes. Asimismo, la apuesta por un nuevo código penal como panacea es una excusa que permite intromisiones entre poderes y desdora la independencia de órganos autónomos. El articulado del vigente hiberna, pocos escudriñan sus tipificaciones y de ese modo avalan la impunidad cada vez más extendida.
Después de un silencio que lucía acordado y conveniente, el empresario involucrado en el caso LatamTrascore INTRANT, decidió hablar. Lo hizo en “Somos Pueblo Media”.
Fiel a la usanza criolla que convierte procesos penales en vodevil, espacio propicio para trapisondas que permiten negociar y eludir sentencias, el especialista en “inteligencia” acusó a varios funcionarios de cometer acciones que pueden ser calificadas como infracciones.
Los hechos divulgados sirven de indicio para entender las características del proceso que lo involucra. Caso de inicio tardío, confuso devenir, cuasi olvidado y ausente del sainete mediático.
El dueño de la empresa AURIX que ofrece servicios de sofisticada tecnología, ratifica que mantiene un contrato de servicios con el estado. Repite que gracias a la tecnología que provee, las autoridades ubican narcotraficantes y comprueban la inseguridad fronteriza.
Afirma que el director de INTRANT fue el autor de la desconexión de los semáforos que provocó el caos urbano en el DN, aquel aciago 27.08.24. Travesura peligrosa que Morrison, acompañado por el coordinador general del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, Jorge Luis Polanco atribuyó a TranscoreLatam. Entonces la nación supo que el contrato suscrito con INTRANT para la modernización del Sistema de Control de Tráfico y Red Semafórica, cuyas irregularidades fueron denunciadas por el director de Contrataciones Públicas, nunca había sido suspendido.
¿Quién ordenó la continuidad a pesar de la suspensión? ¿Sería el abogado que fue buscado para encontrar “un bajadero” al impasse, como comentó el director de operaciones de AURIX?
Ninguna de las personas mencionadas por el empresario, acusado entre otros crímenes de terrorismo, ha reaccionado. El silencio más que indiferencia podría interpretarse de otra manera. Pertinente es recordar que el artículo 86 del Código Penal sanciona la ofensa pública a la persona del jefe del Estado.
Hoy
