¡Detengan eso, ahora que hay tiempo!
Soraya Castillo
El proyecto de ley orgánica que regularía el derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la imagen ha sido en los últimos dos meses caldo de cultivo de interesantes debates sobre una pieza que incluso ha sorprendido a los propios legisladores.
La iniciativa es de la senadora perremeísta por Bahoruco, Melania Salvador, y ya fue aprobada en el Senado. Y aunque el proyecto se encuentra actualmente sometido a discusión por una comisión especial en la Cámara de Diputados, diversos sectores se han pronunciado en contra, por entender que de ser convertido en ley sería una mordaza para la libertad de expresión.
El proyecto tiene varios artículos que resultan contraproducentes con el mandato constitucional que consagra la libertad de expresión. Artículo 49: Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.
Por ejemplo, el artículo 5 de dicho proyecto, que trata sobre el derecho fundamental a la intimidad, establece que si un tercero realiza intromisiones en contra de la voluntad de una persona sin su aprobación puede ser sancionado.
Esto sería un serio obstáculo para quienes hacemos opinión pública desde los medios de comunicación, porque establecería límites a las publicaciones de informaciones que aludan a personas que sean figuras públicas o políticos.
Gran parte del trabajo que realizan medios y periodistas tiene que ver con la vigilancia del ejercicio del poder, que siempre será complejo y sujeto a situaciones que derivan precisamente de ese contrapeso que juega el periodismo en las sociedades democráticas.
Vale recordar también que el Tribunal Constitucional, a través de sentencias como la TC/0075/16, despenalizó los delitos de prensa cuando afectan a funcionarios públicos, lo que constituyó un gran paso de avance, incluso hasta para revisar en todas sus partes la obsoleta Ley 6132 Sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.
De aprobarse esta iniciativa en los términos que en fue concebida por la senadora de Bahoruco y aprobada por el Senado, entonces tendríamos que discutir qué cosas podemos decir de un servidor público que, por ejemplo, sea cuestionado por su mal manejo en el ejercicio de sus funciones.
O de un empresario de quien se diga que ha cometido algún ilícito para engrandecer su fortuna, apadrinado por el poder político. Condicionar las opiniones de los medios de comunicación y de la ciudadanía sería una estocada mortal a los logros hasta ahora alcanzados por la sociedad dominicana en materia de libertad de expresión.
Los colegios de abogados y de periodistas, así como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), e igualmente la Sociedad de Diarios, han levantado su voz de alerta para que los congresistas desistan de este adefesio.
Lo mejor es poner el oído en el sentir de estos sectores, porque nadar contracorriente no es ni será nunca una buena decisión.
