Detienen al menos 15 personas en múltiples allanamientos relacionados con el cargamento de 9.8 toneladas de droga
Santo Domingo, 13 de enero de 2025 – El Ministerio Público dominicano llevo a cabo un operativo sin precedentes que resultó en la detención de 15 personas y la realización de más de 40 allanamientos en todo el país. Estas acciones están relacionadas con el histórico decomiso de 9.8 toneladas de cocaína efectuado el pasado 6 de diciembre de 2024, una de las mayores incautaciones de drogas en la historia del país.
Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que los allanamientos fueron realizados en varias localidades, incluyendo el Distrito Nacional, Juan Dolio, Boca Chica, San Pedro de Macorís, entre otras demarcaciones.
}Durante los operativos, las autoridades incautaron una cantidad significativa de bienes, incluyendo dinero en efectivo, vehículos, armas y documentos, aunque no han ofrecido mayores detalles sobre el monto o la naturaleza de los hallazgos.
La operación estuvo encabezada por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, quien dirigió un equipo de más de 75 fiscales. Una vez finalizados los allanamientos, se espera que los detenidos sean interrogados para determinar su vínculo con el cargamento incautado y que se soliciten medidas de coerción el próximo martes, cuando se cumplan las 48 horas reglamentarias de detención.
La droga, equivalente a 9,889 kilogramos de cocaína, fue incautada en el Puerto Multimodal Caucedo, en Andrés, Boca Chica, durante un operativo conjunto del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección General de Aduanas (DGA), agencias de inteligencia del Estado y organismos internacionales. La operación también contó con la colaboración de la seguridad militar del puerto.
El cargamento tenía como destino Bélgica y su origen ha generado múltiples controversias. Inicialmente, se sugirió que la droga podría haber provenido de países como Colombia, Guatemala o Honduras. Sin embargo, los gobiernos de Guatemala y Honduras negaron cualquier responsabilidad. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que la droga provenía de su país, específicamente de grupos armados del Catatumbo.
La incautación comenzó el 5 de diciembre de 2024, cuando un contenedor identificado con el número FFAU4542281 fue detectado en circunstancias sospechosas. El contenedor, transportado por un camión Mack modelo CXU613, evitó tanto la inspección por rayos X como la verificación manual en el control de acceso del puerto. Posteriormente, fue identificado en el patio de cargas junto a otro contenedor refrigerado, HLBU9354083, que contenía bananos procedentes de Guatemala.
Las autoridades determinaron que el plan de los criminales era transferir los paquetes de droga desde el primer contenedor al segundo, aprovechando la carga de bananos. Para ello, habían retirado parte de los bananos del contenedor refrigerado. Sin embargo, la intervención de las fuerzas de seguridad interrumpió la operación, lo que resultó en el decomiso de los 9,587 paquetes de droga.
Durante la operación, un grupo de cuatro hombres armados y encapuchados secuestró brevemente al conductor del camión utilizado para transportar la droga. Aunque intentaron escapar, las fuerzas de seguridad habían cerrado el perímetro del puerto, obligándolos a huir por una verja cercana.
Implicados y bienes incautados
El camión utilizado en la operación estaba registrado a nombre de un testaferro y contaba con un dispositivo GPS, que permitió rastrear su ruta hasta una propiedad cercana al puerto. Este lugar, vinculado a uno de los principales imputados y presidente de la empresa de transporte GWG TRANSPORT, fue identificado como el punto donde se cargó la droga. Además de los bienes físicos incautados, las autoridades están procesando evidencias digitales y forenses para identificar a otros posibles implicados en la red criminal.
La incineración del cargamento de cocaína el 9 de diciembre de 2024, realizada en la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército en Pedro Brand, generó críticas de sectores de la oposición. Rolando Rosado Mateo, exdirector de la DNCD y actual vicesecretario del Partido Fuerza del Pueblo (FP), cuestionó la rapidez con la que se destruyó la droga, calificándola como un «tiempo récord que despierta muchas interrogantes».
Desde entonces, se han planteado dudas y contradicciones sobre los detalles del operativo y el origen del cargamento, lo que ha puesto a las autoridades bajo presión para esclarecer todos los aspectos del caso.
La operación, denominada «Panthera 7», ha expuesto una red criminal de gran alcance con conexiones internacionales. Los hallazgos preliminares han sido compartidos con otros países involucrados en el comercio y tránsito del cargamento, y se espera que las investigaciones internacionales complementen el proceso judicial en República Dominicana.
El Ministerio Público ha asegurado que todas las diligencias y pruebas forenses se están realizando bajo estrictos procedimientos legales. Según las autoridades, estas medidas buscan garantizar que los responsables enfrenten consecuencias judiciales proporcionales a la magnitud del crimen.
