Dictan medidas de coerción contra miembros de red suplantación de identidad
Santo Domingo, 24 ago .- El Tribunal de Atención Permanente de Barahona impuso este miércoles medidas de coerción contra once personas señaladas como presuntos responsables de cometer delitos de suplantación de identidad y falsedad de documentos, informó la Junta Central Electoral (JCE).
Entre los acusados hay tres empleados de la institución, así como dos dominicanos y seis extranjeros en condición irregular, cuyo arresto se produjo tras meses de investigación en las comunidades de Vicente Noble, Galván, Tamayo y Neiba, operativo en el que participaron varias instituciones.
Un comunicado de prensa precisa que a los imputados Sylvio Enmanuel Andrés Recio y Yoan Amancio Vidal, empleados de las Oficialías de la JCE en Neiba y Galván, respectivamente, se les impusieron tres meses de prisión preventiva, mientras que a Sucre Omar Duval Silfa, también empleado de la institución, se le impuso garantía económica y presentación periódica.
A los ciudadanos dominicanos Caridad Eugenia Rodríguez Contreras (alias la Chichi) y a Dominguito López Pérez, también se les impusieron tres meses de prisión preventiva.
En cuanto a los extranjeros en situación irregular Michell Ange Bien Aime (alias Estefania), Josué Dupont o Héctor Julio Rosario Núñez; Luis Dupon o Kelvin Mora; Andrio Mancebo, Eddy Montilla y Yudelka Domice, se les impusieron seis meses bajo vigilancia del Ministerio Público a cargo de la investigación.
Conforme a las indagatorias, el modus operandi consistía en que Rodríguez Contreras abordaba a ciudadanos extranjeros en las inmediaciones de una Oficialía de Santo Domingo Este y les ofrecía facilitarle todo tipo de documentación falsa para nacionalizarlos como nacidos en el territorio dominicano.
Peguero, en complicidad con López Pérez, falsificaba todo tipo de documentación pública como actas de nacimiento o cédulas y captaba a personas en bateyes y fincas agrícolas, argumentando que tenían fuertes vínculos en la JCE, teniendo como punto principal de las operaciones la comunidad de Barahona.
Según las declaraciones de los nacionales haitianos que intentaron obtener la nacionalidad falsa, la red de falsificación cobraba entre 70,000 y 100,000 pesos por entregarles el documento fraudulento.
Al grupo se le imputan los delitos de suplantación de identidad, uso de documentos falsos y falsificación de documentos públicos, delitos previstos y sancionados por el Código Penal y la Ley sobre la Cédula de Identidad y Electoral, que establecen condenas de entre seis meses y dos años de prisión.
