Dictan medidas de coerción contra tres empleadas del colegio Da Vinci por muerte de niña en excursión escolar
Santiago, 10 de diciembre. – El Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso este lunes medidas de coerción consistentes en una garantía económica de 500 mil pesos y presentación periódica a tres empleadas del colegio Leonardo Da Vinci, presuntamente vinculadas a la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida durante una excursión escolar.
Las medidas fueron dictadas contra Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Las imputadas deberán cumplir con la presentación periódica ante las autoridades mientras avanza el proceso judicial.
En tanto, Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo del colegio, fue puesta en libertad, luego de que el tribunal determinara que no existían pruebas suficientes que la vincularan con el hecho.
Su abogada, María del Pilar Zuleta, explicó que además de la falta de pruebas, la señora González no se encontraba en el lugar del suceso, lo cual fue considerado como un arraigo suficiente para descartar cualquier medida de coerción en su contra.
El Ministerio Público acusa a las empleadas bajo la calificación jurídica de homicidio involuntario y negligencia, sin embargo, la decisión del tribunal ha generado inconformidad tanto en las autoridades como en los representantes legales de la familia de la menor.
La magistrada Olga Diná, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), expresó que el Ministerio Público no está conforme con la decisión y que presentará un recurso de apelación.
De igual forma, los abogados de la familia de Stephora manifestaron su desacuerdo, aunque indicaron que respetan la decisión del tribunal. También señalaron que algunos de los verdaderos responsables del hecho no fueron incluidos en la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
Cabe recordar que la primera audiencia fue aplazada la semana pasada para permitir a los abogados de la familia completar el depósito de documentos y para que se notificara formalmente a la madre de la menor. Además, la defensa de las imputadas recibió el expediente apenas el lunes, pasadas las 4:00 p.m.
