Diputados aprueban cambios a la ley para seleccionar al procurador general de la República
Santo Domingo, 7 de enero. En una segunda discusión, la Cámara de Diputados aprobó este martes modificaciones clave a la Ley 138-11, que regula el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Estas reformas buscan establecer un nuevo proceso para la selección y evaluación del procurador general de la República, alineándose con la Constitución proclamada en octubre bajo la administración del presidente Luis Abinader.
El proyecto aprobado establece que el procurador general ya no será designado directamente por el presidente de la República, como ocurría hasta ahora. En su lugar, el mandatario propondrá a un candidato, quien deberá ser ratificado o rechazado por el CNM, el órgano encargado de la selección.
Además, el procurador, junto con un grupo de procuradores adjuntos, tendrá un período inicial de inamovilidad de dos años. Transcurrido ese tiempo, el CNM evaluará su desempeño para decidir si lo ratifica o lo remueve del cargo. Este cambio tiene como objetivo reducir la influencia directa del Poder Ejecutivo en el sistema de justicia y promover mayor independencia en el Ministerio Público.
Con las modificaciones aprobadas, también se altera la composición del CNM. El procurador general ya no formará parte de este órgano, y su lugar será ocupado por el presidente del Tribunal Constitucional. Esta medida busca fortalecer la imparcialidad y el equilibrio institucional dentro del CNM, que además se encarga de evaluar a los procuradores adjuntos y designar a los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, así como de evaluar su desempeño periódicamente.
Actualmente, el cargo de procuradora general lo ostenta Miriam Germán Brito, quien expresó en agosto pasado su disposición a dejar el puesto, pero ha continuado en funciones a la espera de esta reforma legislativa. Con la aprobación del proyecto, se abre el camino para implementar el nuevo modelo de designación y evaluación del procurador general y su equipo.
El proyecto ya fue aprobado en el Senado y ahora pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior ejecución. Este forma parte de un conjunto de iniciativas legislativas requeridas por la nueva Constitución para fortalecer el marco institucional y democrático del país.
