Diputados proponen ley para regular la presencia de haitianos en República Dominicana
Santo Domingo, 22 de noviembre – En un intento por contener los efectos de la crisis social que enfrenta Haití y evitar su repercusión en República Dominicana, dos diputados presentaron un anteproyecto de ley que busca imponer estrictas regulaciones a los ciudadanos haitianos en el país.
La propuesta, liderada por el exministro Pelegrín Castillo, ha sido asumida por los diputados Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), y Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Las medidas incluyen restricciones en el alquiler de viviendas, la compra de propiedades, el acceso a ciertos empleos y sanciones severas para quienes incumplan estas disposiciones.
Uno de los puntos clave del anteproyecto es el control del alquiler de viviendas. El artículo cuatro establece que los propietarios deberán exigir documentos de identidad y verificar el estatus migratorio de los inquilinos extranjeros antes de formalizar contratos de renta. Además, los propietarios estarán obligados a registrar los contratos ante la Dirección General de Migración.
El incumplimiento de esta disposición podría tener consecuencias legales, y se prevé que los extranjeros que residan legalmente, pero alojen a otros extranjeros en situación irregular, pierdan su estatus migratorio y sean deportados.
Otra medida propuesta es condicionar la venta de terrenos e inmuebles a haitianos. Según el anteproyecto, cualquier transacción de este tipo deberá ser revisada, depurada y autorizada por el Poder Ejecutivo. Además, el Gobierno deberá informar anualmente al Congreso sobre las solicitudes y autorizaciones otorgadas.
En cuanto al mercado laboral, el anteproyecto busca reservar ciertos empleos exclusivamente para ciudadanos dominicanos. Estos incluyen posiciones como guardianes de edificios, guías turísticos, jardineros, conductores, auxiliares de transporte y cargos en instituciones gubernamentales y municipales.
El proyecto también propone sanciones severas para cualquier extranjero que cause daños físicos a personal que trabaje en la frontera. Las penas oscilarían entre tres y diez años de prisión, además de las implicaciones legales por delitos de terrorismo. Esta disposición también aplica a quienes construyan túneles en la frontera.
El anteproyecto responde a un compromiso firmado por el presidente Luis Abinader el 27 de febrero de 2023, cuya implementación comenzó en octubre de ese año. El objetivo es reforzar el control migratorio y proteger la soberanía nacional ante la agudización de la crisis en Haití.
